Guillermo Michel, actual diputado nacional y extitular de la Aduana, estimó que la pérdida de recursos tributarios por las exenciones fiscales del régimen para atraer inversiones equivaldría a 0,27 puntos del PBI.
El argumento del Gobierno es que, sin incentivos como el RIGI, la mayoría de esas inversiones no se radicarían en Argentina.
Mientras el gobierno de Javier Milei apuesta a los proyectos del RIGI y el Super RIGI para impulsar la recuperación económica, desde la oposición hacen énfasis en el costo fiscal que tienen los beneficios para las empresas que ingresan al régimen de incentivos, en un contexto en que la recaudación sigue cayendo y el Ejecutivo profundiza la motosierra para sostener el superávit fiscal.
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De acuerdo con el diputado nacional Guillermo Michel, extitular de Aduana durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, los 13 primeros proyectos que el RIGI aprobó tendrían un costo fiscal equivalente a 0,27 puntos del PBI. Dicho de otro modo, se perderían u$s1.837 millones al año en impuestos no cobrados.
La estimación aún no contempla los últimos dos proyectos aprobados, que llevaron el total de iniciativas ya validadas a 15, según la consultora Paspartú. Así, la resignación de recursos sería aún mayor en términos nominales.
De todas maneras, el informe difundido por la oposición sí calculó que "por cada u$s100.000 millones de inversión, el gasto tributario proyectado es de 1 puntos porcentuales del PBI", lo que pone de manifiesto el esfuerzo fiscal que el gobierno de Milei asume para sostener el esquema de inversiones.
A esa estimación, Michel agregó que si utilizan "los mismos supuestos y considerando la proyección de puestos de trabajo a incorporar" los beneficios adicionales del Super RIGI — que incluye una reducción de Ganancias al 15% y de Contribuciones al 10% — "el gasto tributario proyectado se incrementa a 1,27 punto porcentual del PBI".
De ese porcentaje se desprende que la pérdida de recursos extra por el Super RIGI equivaldría a u$s8.640 millones por año, aunque el informe elaborado por Michel no puntualiza en esa cifra.
Desde Paspartú explicaron que esta nueva iniciativa apunta a "nuevas industrias que actualmente no se desarrollen en el país o con desarrollo experimental o piloto".
Entre ellas, citaron la industrialización de litio, baterías, hidrógeno "verde", GNL onshore, reactores nucleares modulares, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, petroquímica, aeroespacial, uranio, pesca y fertilizantes.
"Se plantea el fomento a las cadenas de producción locales, pero no contiene política de proveedores industriales ni fomento de I+D (Investigación y Desarrollo)", cuestionó la consultora que dirige Juan José Carbajales.
Los 13 proyectos analizados por Michel suman una inversión por u$s27.210 millones, con los cuáles se proyecta una creación de 36.873 puestos de trabajo. Además, en su conjunto generarían exportaciones por u$s21.006 millones.
Entre los proyectos de mayor importancia se destacan el proyecto de GNL de Southern Energy (u$s15.156 millones), Vaca Muerta Sur —el consorcio liderado por YPF— (u$s2.900 millones) y Rincón de Río Tinto (u$s2.744 millones), además de proyectos mineros como Los Azules de McEwen Copper (u$s2.672 millones) y Diablillos de AbraSilver (u$s764 millones).
Para Paspartú, en el caso petrolero se "habilita proyectos de producción en Vaca Muerta que ya eran rentables sin el RIGI, dado que: están en un sector dinámico, orientados a exportación y que cuentan con infraestructura asociada ya adherida al RIGI (Oil & Gas para ductos, plantas de tratamiento y licuefacción de GNL)".
Por ese motivo, también se cuestionó el "riesgo fiscal" que implica esta decisión, ya que significa "dar beneficios a inversiones que ocurrirían igual". A su vez, también criticó la "ausencia de tope" por Vehículo de Propósito Único — el instrumento jurídico que se inscribe en el RIGI — ante ampliaciones.
El argumento que esgrimen desde el Gobierno, sin embargo, es que tanto para el RIGI, como para el Super RIGI, sin incentivos de ese tipo la mayoría de esas inversiones no se radicarían en Argentina, por lo que no tendría sentido calcular la pérdida de ingresos tributarios que de otra manera ni siquiera existirían.