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Fuentes del sistema bancario revelaron hoy que las negociaciones entre el Banco Central y el Bank of Nova Scotia, el tercer banco en importancia de Canadá, nunca se interrumpieron desde la implementación del corralito en diciembre del 2001 y continuaron aún luego del retiro del Scotiabank.
Las mismas fuentes afirmaron que ya existe un expediente judicial, a partir del reclamo del grupo canadiense que argumenta haber sido discriminado por las autoridades argentinas, las cuales habrían beneficiado a los bancos nacionales, según el planteo del demandante.
La corporación financiera canadiense desembarcó en la Argentina en la segunda mitad de la década de los noventa con la compra del Banco de Quilmes, en momentos en que la banca extranjera adquiría entidades nacionales aprovechando la alta rentabilidad que le garantizaba la convertibilidad.
El corralito y la devaluación que terminó con la convertibilidad provocaron una grave crisis en el sistema bancario, y en agosto del 2002 el Scotiabank concluyó en forma abrupta sus negocios en la Argentina.
Finalmente, las 90 sucursales y 1.600 empleados del Scotiabank fueron distribuidas entre los bancos Comafi y Macro-Bansud, ambos de capitales argentinos.
Según trascendió, el grupo canadiense quiere recurrir a un arbitraje en el marco del tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre la Argentina y Canadá, al no haber alcanzado un acuerdo extrajudicial.
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