Se avecinan cambios salariales en el Estado

En el lobby del hotel The Peninsula en Nueva York, Néstor Kirchner departe con los ministros Ginés González García y Aníbal Fernández; y el titular del bloque de diputados, José María Díaz Bancalari. Atrás, revisan discursos Cristina de Kirchner y Sergio Acevedo.

Quizá por el cambio, Néstor Kirchner gasta en su gobierno más que Eduardo Duhalde (casi dos mil millones de pesos en los primeros dos meses). Y en forma mucho más discrecional. Claro, otros gustos y personalidades, nuevas designaciones, transferencias, subsidios, atenciones sociales, inquietudes que tal vez no ocupaban al bonaerense, seguramente dispuesto a pagar menos por la «calidad institucional» (objetivo socorrido del santacruceño). Hay, además, una naturaleza del poder que, en ocasiones, resulta imposible evitar, como el inapropiado uso del Tango 01 para el tramo Nueva York-Washington-Nueva York (reunión de Cristina Fernández con Hillary Clinton). Seguramente no habrán querido copiar el estilo de la hija de Menem en la cuestionada década del '90, más bien deben ignorar el exagerado costo del servicio para un viaje tan corto (el matrimonio está acostumbrado a jets más pequeños, como el de la provincia). Nadie, por otra parte, se atreverá a explicárselo al Ejecutivo: conocen sus accesos de ira con el personal subalterno. Lo curioso del aumento del gasto es que sucede cuando el Presidente se jacta de que todas las noches, al revés de otros antecesores, revisa puntillosamente una planilla con los ingresos y egresos del Estado, cotizaciones, reservas, erogaciones, etc. Más que pensar en ahorros repite un hábito que trae de Santa Cruz -práctica también de otros gobernadores, unos pocos, es cierto-, donde durante el mes ordenaba sus gastos de acuerdo con lo que ingresó por «la copa» (coparticipación).

No debe ser Kirchner un remedo de quien lo asesoró más de una vez, el «gastomaníaco» Domingo Cavallo (definición que corresponde a Miguel Angel Broda), sino que ahora el mandatario atraviesa complicaciones de una primera etapa de gestión, desconocida, que no habrá de alterarle sus costumbres austeras. Eso sí, en esa restricción personal también deberá resolver -tal vez en diciembre-otros problemas de gastos, éticos y eventualmente judiciales: salarios de ministros y secretarios, contratados, unidades retributivas, horas extra, un pandemónium administrativo que coloca tras la línea roja a una multitud de funcionarios, quienes con lo que reciben mensualmente (al menos, en la superficie) no pueden justificar siquiera la ropa que llevan puesta. Por otra parte, esta nebulosa sobre percepción de recursos ha provocado discrepancias entre los propios ministros: unos que exigen remuneración blanca y razonable (unos quieren 10 mil, otros 20 mil), quienes guardan silencio y mantienen el irregular statu quo actual (ningún ministro puede ganar más de 3.000 pesos, de acuerdo con un decreto de Adolfo Rodríguez Saá), también sospechas encontradas de que unas áreas disfrutan de ciertas dádivas y otras no, al margen de aquellos que se niegan a cualquier tipo de asistencia por temor a un tropiezo judicial y ante cualquier insinuación de la Justicia no trepidarán en hacer la denuncia correspondiente.

La reconsideración de los ingresos de ministros y de quienes les siguen parece inevitable y conveniente. Puede pensarse que Roberto Lavagna se contenta, sin fundaciones ad hoc que lo ayuden, con un sueldo de 3.000 pesos cuando negocia, por ejemplo, una deuda externa por más de 100 mil millones de dólares. Por lo menos, parece un desatino en el que poco tiene que ver el amor a la patria. Ya hay más de un proyecto de regularización y actualización salarial en ese sentido; se supone que en diciembre llegará el cambio, fecha en que Kirchner iniciará su mandato constitucional. El blanqueo de 100 millones de pesos en el Presupuesto que antes se derivaban como fondos reservados a la SIDE -algunos suspicaces observan en esa suma oculta la forma en que todavía se incrementan salarios-es la primera pista.

•Menudencias

No sólo se trata de normalizar las cúpulas ministeriales, pues esta enajenante confusión de ingresos generó menudencias de todo tipo y en distintas categorías. Por ejemplo, la asignación de «unidades retributivas» (valor aproximado, 2,80 pesos), una forma encubierta de incrementar salarios o compensar cajas chicas. Claro que este sistema -por otra parte, un absurdo burocrático ya que el monto mínimo de las «unidades retributivas» obliga a entregarlas por cientos o miles-se pervirtió de tal modo que los proveedores de esos aportes, en general, hasta reclamaban una devolución de esos premios especiales. Una práctica política común del Concejo Deliberante, en el pasado, también extendida a la cesión de «horas extra», con el agravante de que el ingreso extra paga impuestos mientras la devolución se hace en negro. Claro que para un empleado es peor no prestarse a este juego: el que no retribuye no vuelve a cobrar.

Si alguien duda de esta realidad, puede citarse una reciente circular de un ministerio en la que se señala que: «No resulta posible continuar autorizando situaciones que implican comprometer a la conducción de las distintas áreas mediante la autorización de horas extra por cantidades que no se condicen con las reales necesidades de servicio». Esas subterráneas y discriminatorias filtraciones en los sueldos también son parte del reparto de las unidades retributivas, no son anomalías imaginadas por el periodismo. Vale, en este caso, la descriptiva palabra de un informe oficial: «Las unidades retributivas se han convertido en los hechos en una masa de recursos destinada a premiar selectivamente el esfuerzo de una parte del personal administrativo, ante la inexistencia de otros incentivos».

Pero como los recursos no son interminables o se van por otra vía, se acepta que el sistema de las unidades retributivas «no puede sostenerse hasta el final del ejercicio por carecerse de suficiente financiación». Quizás esta carencia sea parte de la apremiante voluntad para el cambio ético. Aunque las nocivas irregularidades, como lo admite el propio informe, sólo podrán cambiarse en forma gradual. Como iniciativa de transformación, el ministro encontró un recurso: estableció una tabla de categorías para percibir las unidades retributivas (A: cero, B: 200, C: 230, D: 250, E: 270). O sea, de arriba para abajo, presuntamente democrático, absolutamente peronista. Eso, claro, consta en la circular oficial, donde todas las modificaciones se hacen para «evitar la dispersión de las unidades retributivas asignadas a diferentes personas que presentan idéntica situación de revista» (o sea, unos con más acomodo que otros). Lo que advierte y alerta no sólo sobre inequidades, sino que en otras alturas del poder también ocurren fenómenos irregulares, quizá más graves. Kirchner promete esclarecer este cuadro hacia diciembre. Nadie sabe para qué ha esperado 6 meses.