Se complican audiencias para debate de las tarifas

Los entes reguladores de electricidad, gas y agua y la Comisión Nacional de Comunicaciones fueron informados por nota del Ministerio de Economía de que se realizarán las audiencias públicas para tratar «la recomposición tarifaria» pedida por las empresas privatizadas. Entre mañana y el lunes se publicarán en medios de circulación nacional los avisos correspondientes a las audiencias de luz y gas que se realizarán el 26 y 27 de este mes, respectivamente.

El proceso viene, sin embargo, muy complicado. Ayer se realizaron sendas reuniones en los entes de luz y gas con las asociaciones de consumidores, y éstas manifestaron su malestar por la «desprolijidad» de los procedimientos y porque el ministro Roberto Lavagna ya adelantó varias veces que la suba será inferior a los dos dígitos, con lo cual, según las entidades, el debate es «sólo una formalidad».

Está pendiente en el Congreso un proyecto de ley para que las decisiones sobre los contratos de servicios públicos pasen por lo menos por una comisión bicameral específica, cuya decisión sería «vinculante» para el Ejecutivo, es decir, obligatoria.

El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, dijo que «después de ocho meses no puede ser que haya aumentos de urgencia, y que no se haya revisado la situación contractual, empezando por la estructura de costos de las empresas».

• Malestar

En los organismos reguladores hay también algún malestar en torno al tema porque no queda claro qué rol les corresponderá asumir. En principio, según los avisos que se publican a partir de mañana, las audiencias son convocadas por el Ministerio de Economía, pero no se definió todavía quién presidirá los debates y quién elaborará el informe y la recomendación al Poder Ejecutivo.

En el gobierno se discute si corresponde que presida el titular de la comisión renegociadora de los contratos, Miguel Sanguinetti, o los presidentes de los entes reguladores. Sobre ese tema se viene discutiendo hace semanas, al punto que el defensor del pueblo consideró que la cuestión es otro de los síntomas de que se quiere armar «una parodia y que nosotros la legalicemos con la presencia».

Según Mondino, el que preside la audiencia es también quien debe sustanciar las actuaciones. De acuerdo con esta opinión y la de asociaciones de consumidores, si convoca el Ministerio de Economía, la comisión renegociadora debe presidir las audiencias.

Pero para que presida Sanguinetti hace falta un decreto que se viene demorando, por el cual se prorroga el plazo de vigencia de la comisión, que ya está vencido. Hoy, legalmente, la comisión renegociadora ya no existe.

Además, si existe, debe ser convocado el representante que eligieron las entidades de usuarios, Ariel Caplán, y éste debe ser informado de lo que se va haciendo, lo que no viene pasando, según afirmaron las entidades de consumidores.

Los organismos reguladores tampoco querrían hacerse cargo de un proceso en el que no tuvieron participación y que no se está realizando según lo establecido en marcos regulatorios y contratos de concesión.

Según versiones, los organismos reguladores de luz y gas ofrecieron a los usuarios «tomar vista» del «expediente» que les envió el Ministerio de Economía, aun antes de que empiece el plazo legal la semana próxima. Pero el expediente sólo contiene los pedidos de ajustes de las empresas, sin que Economía explique la causa de la recomposición tarifaria, antes de que se renegocien los contratos.

• Reglamento

La desprolijidad alcanza también al «reglamento» con que se regirá la audiencia que, por el momento, no se conoce. Hay que determinar, por ejemplo, quiénes pueden entrar, si habrá acceso restringido o no, y quiénes pueden hablar, o por cuánto tiempo.

También hay que asegurar condiciones de seguridad que permitan sesionar, para que la oportunidad no sea motivo de protestas piqueteras o de cacerolazos. Hasta ayer, Economía no tenía asegurado el lugar en que se realizarán las audiencias.

• Ausencia

Por lo menos en la entrevista con el Enargas, no estuvo ayer ADELCO, entidad que junto con legisladores porteños presentó un recurso para que la Justicia dicte no innovar en materia tarifaria, hasta que se revisen los contratos y marcos regulatorios integralmente.

Todas estas complicaciones suscitan fuerte escepticismo en las empresas privatizadas, y en algunas de ellas se llegó a escuchar que no se justifica pagar el costo de la exposición que demandará la audiencia, para un ajuste que difícilmente se concrete, y en el remoto caso de que se apruebe, será «mínimo» en relación con las «necesidades operativas» de las compañías.