Se demora el pago de las jubilaciones por Banelco

Se postergó el pago de las jubilaciones por cajeros. El gobierno quiere que el sistema comience en noviembre. Los bancos, dentro de seis meses. El presidente del Banco Central, Roque Maccarone, mira para un costado, y nadie quiere hacerse responsable de tomar una determinación.

Dada la incertidumbre, el Banco Provincia de Buenos Aires rescindió su contrato con la ANSeS, y se dice que otros bancos podrían hacer lo mismo. En el caso del BAPRO, significa que dejaría de pagar a 735.000 jubilados si dentro de 90 días siguen el desorden, la confusión y las dudas. Es la entidad que lidera el pago de jubilaciones en el país. Detrás se encolumnan los bancos Nación, Ciudad, Provincia de Córdoba, Ente Ríos, Credicoop, BanEx y Galicia.

Todo el problema se originó a partir de que el gobierno decidió no pagar más a los bancos las comisiones por el pago de jubilaciones, para ahorrarse 73 millones de dólares. Los bancos de Abappra presentaron ayer una nota a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. En la nota dicen lo previsible: al no estar siquiera reglamentado el pago de jubilaciones por cajeros, los bancos no pueden elevar de 4,5 millones a 8 millones las cuentas de ahorro que sirven para el depósito de haberes.

La falta de reglamentación, en verdad, se debe a que todavía el gobierno no definió cómo ni dónde cobrarán los jubilados sus haberes, pese a haber promulgado un decreto para eso el 11 de julio. A estas alturas, lo único claro es que los bancos que paguen las jubilaciones no cobrarán más las comisiones que les paga la ANSeS por prestar el servicio: $ 1,60 más IVA por cada orden de pago previsional (es como un recibo de sueldo) que se entrega a los pasivos, y $ 1,10 más IVA por cada cupón de pago previsional (es una especie de recibo reducido). Frente a ese dato, el sábado pasado, al Banco Provincia le venció el contrato de pago a jubilados y pensionados que tenía con la ANSeS. Como no recibió precisiones, decidió no renovarlo. Para no dejar a los jubilados y pensionados sin sus haberes, informó a la ANSeS que continuará brindando el servicio de pago durante 90 días, hasta que el gobierno decida qué es lo que va a hacer con la gente o hasta que se le clarifique cómo será la operatoria de pagos y, además, se reasignen los jubilados que reciben ahí su haber.

La pelea

Quien debe reglamentar la operatoria con los jubilados es el Banco Central, que presentó a los bancos un borrador de circular (publicada en exclusiva por Ambito Financiero a mediados de julio). La iniciativa recibió severos cuestionamientos. Ahí el gobierno pretendía que los jubilados cobren sus sueldos por cajeros a principios de octubre, otorgando un período de encuadramiento a las entidades de 90 días.

Las entidades dieron la voz de alarma por varias razones. La principal es: dado que el pago de jubilaciones es sin costos, debe ser considerado para los bancos como una nueva carga pública. Y si es así, se pidió que se distribuyan los jubilados entre todas las entidades en proporción a las estructuras de cada una. Obviamente, los bancos que no atendían a los pasivos se opusieron enfáticamente. Entonces se halló el camino legal para la primera postergación. El decreto que originó este sistema (Nº 895) se firmó el 11 de julio y obligaría a pagar todas las jubilaciones por cajeros desde el 15 de octubre. Pero como las jubilaciones hay que pagarlas, en teoría, en los primeros días del mes, se interpretó que no sería vulnerado si el sistema comenzara a regir desde el 1 de noviembre. Y así fue como se ideó la primera postergación de 30 días, para que el sistema rija ya no desde el 1 de octubre, sino desde noviembre.

Desde entonces, hasta ahora, hubo negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo y de la Jefatura de Gabinete. Se llegó incluso a considerar mandar a todos los jubilados a cobrar en el Banco Nación, a lo que el propio titular de la entidad, Enrique Olivera, se opuso.

Luego de todas las idas y venidas que tuvo este proyecto, el estado de situación hoy es el siguiente:

*Transacciones gratuitas:
se posibilitarán mensualmente hasta 2 extracciones por cajeros automáticos y hasta un retiro por caja (el Banco Central había propuesto hasta 4 extracciones por cajero y uno por caja). Los costos de ese servicio serán absorbidos por los bancos. Si los jubilados exceden esos límites, estarían obligados a pagar los gastos de mantenimiento de cualquier caja de ahorro.

Pero subsisten los problemas. Al ser gratuito el servicio, los bancos no quieren cargar con la entrega de los recibos. En tal caso, el problema para los jubilados es que no tendrían la constancia para recibir las prestaciones del PAMI. Por eso los bancos propusieron la entrega de un ticket desde el cajero.

Información

La mayor dificultad le quedaría a la ANSeS, que perdería un sencillo mecanismo de información sobre las bajas, ya que la plata podría ser retirada por cualquiera desde los cajeros (aun después del fallecimiento del titular) con sólo tener el plástico y el código de acceso. El otro problema es «la calidad de los jubilados» que tiene cada banco. A lo largo de la relación entre la ANSeS y los bancos, permanentemente se produjeron altas y bajas. Así es como algunas entidades atienden a los jubilados con mayores ingresos y otras, a los de menores recursos. El dato importa, porque los bancos intentarían compensar sus costos (que ya no serán pagados por la ANSeS) ofreciéndoles a los jubilados otros servicios, como el anticipo de 15 días en el pago de haberes que actualmente otorga el Banco Ciudad (hoy sin costo) a aquellos jubilados que cobran en una cuenta de ahorro, o préstamos personales, por citar algunos ejemplos. El problema es que, con la estructura de pagos tal y como está hoy, algunos bancos podrán vender sus otros servicios (a los jubilados de privilegio y a aquellos que cobran las jubilaciones y pensiones más abultadas), y otros no, porque se manejan con jubilados de muy bajos ingresos. Por eso los bancos piden una redistribución de todo el padrón de la ANSeS, para lo cual plantean la necesidad de una nueva prórroga.