Se reúne hoy la UIA: temen por suba del salario mínimo

Antonio Caló

«Antes de convocar al Consejo del Salario Mínimo sería conveniente cerrar primero el conflicto con el campo, ¿no le parece?». Un veterano dirigente empresarial le confesó a este diario que, si bien su sector no tendría problemas de « retoque de escalas» si se accede al pedido de llevar el sueldo piso a $ 1.200 -hoy es de $ 960- también se manifestó en contra de abrir un nuevo frente de conflicto, esta vez entre empresas y gremios.

El monto fue sugerido por Antonio Caló, y si no pasa de eso no representaría un peligro para las empresas, en el sentido de que casi todos los sectores ya tienen sueldos de inicio superiores a esa cifra.

Desde la UIA afirman que el salario mínimo promedio anda en los $ 1.600; desde la Cámara Argentina de Comercio estiman que se acercan a los $ 1.500, salvo alguna excepción puntual que estaría por debajo.

Cabe apuntar que si el mínimo que fije el Consejo supera el mínimo de convenio, automáticamente habrá que tocar toda la escala salarial de ese gremio en proporción al incremento que se otorgue al básico.

Preocupante

Lo que preocupa a los empresarios entonces -y que será motivo de conversación hoy cuando se reúna la «mesa chica» de la Unión Industrial Argentina (UIA)- es que esa convocatoria dispare una nueva catarata de reclamos salariales. Por su parte, Carlos de la Vega, titular de la Cámara Argentina de Comercio, les encargó a los economistas que trabajan para la entidad que le averigüen en cuánto está el salario mínimo promedio del sector. Hay que recordar que el comercio, allá por el «lejano» marzo, arregló con el sindicato que comanda Armando Cavalieri un aumento levemente superior a 20%, o sea la pauta que se había fijado a principios de año con la anuencia de Hugo Moyano.

Hoy esa cifra fue largamente superada por quienes negociaron más tiempo o desde posiciones de fuerza: por caso, el gremio de la alimentación obtuvo una suba de 32%, los mecánicos de SMATA que capitanea José Rodríguez y la UOM algo parecido a sus compañeros de las automotrices.

Esos porcentajes hacen sudar frío a los empresarios de sectores cuya rentabilidad no les permitiría -así al menos lo aseguran- ni acercarse a dar aumentos similares. Y ésa es la pesadilla que los asalta cada vez que escuchan «Consejo del Salario».

Desde hace algunos días dirigentes sindicales como el metalúrgico Caló vienen clamando la necesidad de convocar al Consejo. Ese órgano reúne a la CGT y la CTA, es presidido por el ministro de Trabajo y del lado de los patronos sienta al Grupo de los Siete más la UDES (que agrupa a empresas de servicios).

Integrante

El Grupo de los Siete lo conforman la UIA, ambas CAC (Comercio y Construcción), la Bolsa porteña, los banqueros de ABA y ADEBA y la Sociedad Rural Argentina, que representa al agro. Es un hecho que en las actuales circunstancias es casi inimaginable que la Rural envíe delegados a una (todavía) hipotética reunión del Consejo. Cabe recordar que en ocasiones anteriores la Rural casi ni intervino, aduciendo que los convenios del sector agrícola poco tienen que ver con los de la industria, el comercio y los servicios.

Y si bien los sueldos más bajos de convenio están por encima del que surgiría del Consejo -si se acepta la sugerencia del líder metalúrgico-, los empresarios temen que ese órgano se convierta en una Caja de Pandora que, una vez abierta, arrastre pedidos de aumentos en todas las escalas.

Cabe recordar también que los jefes de la UIA sostienen que las subas salariales y el tipo de cambio actual están destruyendo la competitividad, y hasta alguno se atrevió a sostener que se estaba «frente al fin del modelo productivo» instaurado en el país tras el fin de la convertibilidad. Por esos días el salario mínimo era de $ 200, un valor que había sido largamente superado en la práctica.

Otra aspiración que llevarán los hombres de negocios al Consejo -en caso de que efectivamente se reúna- es intentar diferenciar el salario mínimo que rige en las grandes urbes del que se cobra en el resto del país.

Dirán que hay gastos -transporte, por caso- en que los trabajadores del interior no incurren, y eso debería ser reconocido. También que las pymes del interior tienen menos rentabilidad en relación con las grandes empresas urbanas, y por lo tanto no pueden pagar tanto.