El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, derogó ayer una resolución que ordenaba a las fuerzas de seguridad comunicarle los oficios que recibían de la Justicia y en conjunto con el máximo Tribunal creó además una «comisión» para «revisar instrucciones judiciales a las fuerzas que pudieran generar conflictos».
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La norma 1084 del 29 de abril último y su modificatoria 1531, que había cosechado abundantes críticas desde distintos sectores del Poder Judicial, fue derogada por entender que con la creación de un comisión se «satisface plenamente el interés en regular de la manera más eficaz y ajustada a derecho la relación entre los jueces y fiscales federales y las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de sus funciones», sostuvo Fernández.
Esta propuesta «ofrece todas las garantías para concluir en decisiones acertadas», remarcó el funcionario a través de un comunicado, en el que además anunció que la representación del Ministerio estará a cargo de la secretaria de Justicia, Marcela Losardo.
La decisión fue tomada luego que Fernández mantuviera un encuentro con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Carlos Fayt, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco.
La resolución había cosechado críticas desde distintos sectores del Poder Judicial; indicaba que la Policía Federal, el Servicio Penitenciario, la Gendarmería y la Prefectura debían comunicarle al Ministerio antes de responder cada uno de los pedidos de asistencia para tareas de la Justicia, como participar de allanamientos, detenciones y enviar oficios. Ese instrumento lo usó el gobierno en la detención de Alfredo de Angeli el sábado 14 de junio.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, había criticado la norma y afirmado que «es una manera de controlar que no se pueda investigar al poder político». Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, Ricardo Sáenz, y el secretario general Carlos Rívolo, en un documento señalaron que la resolución 1084/08 de la cartera que dirige Fernández «provoca una indebida injerencia en las facultades de los Magistrados del Ministerio Público Fiscal».
Los fiscales advirtieron que con esa medida podría «constituir un atentado a la división de Poderes».
«No se explica la necesidad de conocer el contenido de los requerimientos en investigaciones que podrían estar en secreto, o que podrían implicar a funcionarios públicos, sin olvidar, además, que colocarían a los miembros de las Fuerzas frente a un conflicto de deberes que no se justifica», habían afirmado.
Además de la creación de esta comisión, el presidente de la Corte anunció diversos puntos de acuerdo al que llegaron con el ministro, entre ellos que está analizando establecer una « policía judicial» con el fin de cumplir las órdenes dispuestas por los distintos jueces.
«Esto fortalecería la independencia de los jueces», aseguró Lorenzetti al formular el anuncio, el cual tiene relevancia debido a una actual disputa entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
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