Se rindió el gobierno ante presión sindical que dejó medio país sin gas

Capituló ayer el gobierno ante una presión gremial que ni siquiera podía soñar el camionero Hugo Moyano. Y el país padeció una suerte de colapso energético -al menos industrial- como no se recuerda en las últimas décadas, a pesar de que la Casa Rosada se niega a hablar de crisis en el sector. Y en cuatro horas, de madrugada, finalmente concedió lo que desde hace un año reclaman los gremios petroleros (recordar los episodios de Las Heras y el asesinato del policía Sayago). El corte de gas, producto de tomas violentas de yacimientos en el Sur que como siempre nadie reprimió (por primera vez cesó totalmente de funcionar Loma de la Lata), afectó a compañías como Acíndar, Siderca, Profertil -por citar algunas-, grandes y chicas, de casi todas las provincias, entre ellas Tucumán, Córdoba, San Juan, Mendoza (también se bloquearon las entregas a Chile). Hubo tonos violentos sin que interviniese, como siempre, la fuerza pública. Un caos que amenazó con apagón general si el conflicto se extendía unas horas más, de ahí que debió resolverse a los apurones y de madrugada, en la misma Casa Rosada, con varios ministros en escena y la preocupada atención telefónica de Néstor Kirchner, quien de no poder dormir la siesta ahora tampoco empieza a poder dormir de noche. Ya es hora de consultar a un experto: son demasiadas complicaciones juntas para su gobierno. Puede detenerse el periodista en la anécdota de un ministro (Carlos Tomada) advirtiendo a sus colegas: «No les hagan esa propuesta a los muchachos porque los van a cagar a patadas». Debe conocer el titular de Trabajo la energía de los gremialistas: fue su representante legal en otros tiempos. O la peripecia de otro ministro, Julio De Vido, corriendo por los pasillos de la Casa Rosada al sindicalista Guillermo Pereyra (graciosamente, un kirchnerista de la primera hora) porque éste escapaba enojado sin aceptar las propuestas oficiales. También estuvieron colegas de gabinete como Aníbal Fernández, gente de la AFIP -el avión presidencial para devolver a los gremialistas a Santa Cruz y apaciguar a los revoltosos-, y la propia titular de Economía, Felisa Miceli, quien merodea el pedido sindical desde hace tiempo y, por supuesto, nunca acercó una alternativa. No es la única remisa, claro, sea por escasa imaginación, porque el Ejecutivo le ordena abstenerse o debido a que le prestan poca atención. Y pagó ayer el gobierno con su rendición, como siempre: habrá un subsidio. Reconocimiento por ley, a partir del año próximo, que ubica a los gremios petroleros en posición de privilegio frente a otros trabajadores, empresarios o jubilados. Porque, al fin de cuentas, lo que las tomas de yacimientos demandaban y consiguieron en la víspera -en suma- fue la abolición de la negativa tributaria que no permite ajustar por inflación el pago de impuestos a las personas físicas. Y abre, para el resto de la ciudadanía, la exigencia de reclamar lo mismo que Kirchner les concedió a los petroleros. Se le echará la culpa de la movilización y cortes al opositor Jorge Sobisch, en apariencia vinculado a las bases que obligaron al oficialista Pereyra a encabezar la revuelta (por aquello de van a la cabeza los dirigentes o vamos con la cabeza de los dirigentes). Pero en verdad, desde la muerte de Sayago (ya hace un año y sin resolver) hubo presentaciones varias de los gremios y negativas de Economía, incluyendo el preaviso del paro y rebelión en el Sur. Siempre el gobierno se distrajo de esos pedidos, no hizo caso. Como suele hacer con todos los sectores y desde hace tiempo. Salvo que ahora algunos perdieron la paciencia. Justo los que más ganan, quienes por disponer de esos fuertes ingresos -frente al resto de los asalariados-, son también los que más pagan. Y, por lo tanto, la AFIP le lleva lo que consiguieron de aumento, como hace con las empresas y ciudadanos a los que no les reconoce que en la Argentina hubo inflación. Tarde o temprano, en economía todo se paga.

La ministra Felisa Miceli se reunió ayer, junto a otros funcionarios, con el secretario general del Sindicato de Petroleros, Guillermo Pereyra.

El gobierno nacional alcanzó un acuerdo con el gremio petrolero y abrió una instancia de negociación, pese a la dureza inicial de haber dispuesto «la conciliación obligatoria», en el paro por 48 horas que comenzaron ayer los sindicatos de trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, que puso al país al borde un conflicto energético.

Como saldo de la intervención directa de Néstor Kirchner y de al menos cinco de sus ministros, se elaboró una propuesta para que esté exento del pago del Impuesto a las Ganancias el plus de dinero que reciben por horas extra, traslado y alimentos.

«Los conceptos comprendidos en los artículos 34 y 39 de la Convención Colectiva de Trabajo N396/04 no integrarán la base imponible a los efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias de los trabajadores amparados por dicha convención», explica el artículo que será incluido en el proyecto de ampliación del Presupuesto, actualmente en la Cámara de Diputados.

El conflicto provocó un recorte de 54 millones de metros cúbicos en la red nacional de gas, lo que afectó principalmente el abastecimiento de las industrias y el suministro a Chile. Incluso, de haberse prolongado, la medida de fuerza hubiera dejado a medio país al borde una crisis energética de magnitud.

Precisamente, este último escenario fue el frente que activó la reacción del Estado, que por primera vez dispuso un diagrama de emergencia al punto que el propio Presidente y medio gabinete se pusieron al frente de las negociaciones desde las dos de la mañana y durante toda la jornada de ayer. A tal nivel llegó el interés de Kirchner en solucionar el conflicto, que no vaciló en enviar el avión presidencial Tango 03 a buscar a los gremialistas Mario Mansilla (Chubut) y Héctor Segovia (Santa Cruz) para que pudieran retornar a Buenos Aires, impedidos por los problemas de vuelos que se agravaron por las malas condiciones climáticas que soportan las rutas aéreas a la Patagonia.

Los sindicalistas -que el martes estuvieron hasta las nueve de la noche junto con funcionarios nacionales intentando arribar a un acuerdo- se sumaron a estas nuevas negociaciones a última hora de ayer debido a que el avión oficial no pudo descender en Buenos Aires por el mal tiempo y fue desviado hacia Rosario.

Además, el Presidente también suspendió ayer el viaje que tenía previsto realizar a Jujuy -oficialmente por razones climáticas- para dedicarse íntegramente a evaluar el conflicto petrolero.

Con la soga al cuello estuvo primero el secretario de Energía, Daniel Cameron, que contrarreloj buscó una salida al conflicto en permanente contacto telefónico con el Presidente y el ministro de Planificación, Julio De Vido, y representantes de las empresas petroleras.

La movida siguió a las 4.30 de la mañana en el despacho del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien se reunió antes con De Vido -tomó las riendas de la negociación por su responsabilidad en el manejo de la cuestión energética en el país- y luego se sumó Carlos Tomada, de Trabajo. Juntos, activaron una comunicación vía telefónica con el sindicalista neuquino Guillermo Pereyra -tuvo que retornar a Buenos Aires por un frente de tormenta a la altura de Santa Rosa, en La Pampa- que lidera el denominado Bloque Patagónico. Este agrupamiento fue el convocante del paro, acatado en un ciento por ciento con paralización de todos los sectores.

Kirchner, tras ese encuentro de los ministros, recibió a solas a Felisa Miceli, a quien instruyó para dar una solución al reclamo de los petroleros, que se oponen al mínimo imponible a partir del cual deben pagar el Impuesto a las Ganancias, dado que ven afectados sus salarios con importantes deducciones.

La titular de Economía efectivizóesa propuesta a los líderes gremiales de Río Negro y Neuquén a las tres de la tarde. Fue, en rigor, la prenda de negociación que, sumada a la conciliación obligatoria dictada a media mañana por el gobierno, puso fin a la huelga y reactivó en forma paulatina la actividad en las refinerías en las distintas provincias afectadas, a excepción de la zona del Golfo de San Jorge (Chubut-Santa Cruz), donde los gremialistas aún permanecían a la espera de la venia de su líderes, Mansilla y Segovia.

Ratificación

«No vamos a acatar la conciliación decretada a nivel nacional. Queremos que nos saquen este impuesto al trabajo», aseguró el secretario general de los petroleros de Chubut, Carlos Gómez, que también ratificó un paro por 96 horas, pese a lo resuelto por sus pares de Neuquén y de Río Negro.

En resumen, se acordó eliminar del alcance de ese tributo las horas de viaje y viandas u otro concepto por comodidad y establecer un límite de hasta 80 horas extras. Pasando ese número, el aporte estaría a cargo de las empresas. Esta ecuación disminuirá el impacto del Impuesto a las Ganancias en los salarios de los trabajadores petroleros en hasta 80%. El plan necesita, de todos modos, de una ley para ser implementado.

Esta modificación será retroactiva al 1 de enero de 2006 y representará un monto global de $ 200 millones, que serán devueltos a los trabajadores hasta compensar la totalidad de las quitas aplicadas.

Con todo, en las casi 16 horas que duró el conflicto, hubo inclusoun brote violento en la refinería de Plaza Huincul, Neuquén. Allí, al menos seis personas fueron detenidas luego de que se registraran serios disturbios; entre ellos, estaba el dirigente Juan Gómez, del consejo directivo del gremio petrolero. Los incidentes trajeron el recuerdo de lo sucedido en Las Heras, a principios de este año, donde se produjeron graves hechos que dejaron como saldo la muerte del policía Jorge Sayago y derivaron en la renuncia del gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo.

Las tratativas entre el gobierno y los sindicatos se habían trabado ya a mitad de año como consecuencia de la negativa de la Casa Rosada de aplicar modificaciones al Impuesto a las Ganancias. La irritación llegó al máximo cuando en los últimos días el gobierno aprobó exenciones impositivas a las empresas. También se reprochaba desde el gremialismo el presunto incumplimiento de la palabra presidencial, en el anterior conflicto con graves consecuencias en Santa Cruz, de encontrarle una solución a este punto antes de fin de año.

La disposición emanada de la Dirección Nacional del Trabajo calificó a la medida de fuerza «de extrema gravedad por las características de la actividad de que se trata y su importancia económica».

El gobierno también intimó a las empresas agrupadas en las cámaras de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y de empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) «a abstenerse de tomar represalia de ningún tipo con el personal representado por las organizaciones sindicales» que decidieron el paro.