Si la AFIP lo dispone, los ciudadanos que indique no podrán acudir a sus cajas de seguridad en bancos. Esto no rige en otras partes del mundo, pero aquí sí. Surge de una silenciosa resolución del Banco Central el último día de gobierno de Eduardo Duhalde. No le abren su caja de seguridad ni lo obligan a hacerlo, pero le impiden acceder a ella si la AFIP sospecha alguna anomalía fiscal. Y le traban el acceso hasta que un fallo judicial le facilite, ahí sí, a la AFIP hacerlo. Es un autoritarismo, porque hace a la intimidad de las personas. Tanto revuelo comenzó a formarse ayer al «traducir» la sigilosa y disimulada resolución que el mismo Banco Central debió postergar hasta el 1 de julio la entrada en vigencia de este argentinismo que vuelve a restar credibilidad a un público ya cansado de no poder confiar en los bancos. Si tenía dinero en cuentas o plazos fijos, le cayó el «corralito» o el «corralón». Si lo guarda en cajas de seguridad, pueden trabarle el acceso. En forma insospechada, Uruguay puede volver a revivir bancariamente como hasta 1999 si la Argentina insiste en manosear a los ahorristas locales.
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Por este motivo, anoche se dispuso postergar en el BCRA al 1 de julio la entrada en vigencia de las nuevas atribuciones de la AFIP para cobrar deudas de contribuyentes. Concretamente, la norma que terminó de completar los «superpoderes» a la AFIP fue la Comunicación A 3952 del 22 de mayo (ver texto completo en Informate más
El punto más polémico se centra en las disposiciones sobre las cajas de seguridad.
La génesis de este preocupante avance sobre la propiedad privada surgió de un funcionario del gobierno de Duhalde, que, al tomar conocimiento de que habría cerca de 25.000 millones de dó-lares billete en cajas de seguridad perteneciente a argentinos que huyeron antes del «corralito» (o después con amparos), intentó que la AFIP se concentre en este «nicho».
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