26 de noviembre 2000 - 00:00

Si no hay Ley Previsional habrá decreto

La reforma previsional que ingresará hoy al Congreso sufrirá cambios importantes en su primera escala en Diputados. Según los sondeos previos en la UCR, el Frepaso y el PJ costará mucho, que el gobierno se vote la eliminación del sistema de reparto, a partir del 1 de marzo de 2001, tal cual establece la iniciativa. En el Senado, el peronista José Luis Gioja también previno en público sobre la intransigencia del bloque hegemónico en esa ala.

La mayoría de los legisladores -y no sólo los que regentean «rinconcitos de jubilados»- se oponen a la privatización total de las jubilaciones, no obstante lo cual el gobierno no da la pelea por perdida. Además de mantener conversaciones con los diputados oficialistas, sus colaboradores ya tienen preparado el decreto que entraría en vigencia, en el supuesto de que la ley -cuya aprobación está prevista para antes de fin de añosalga con retoques parlamentarios imposibles de sostener para el gobierno. De todas maneras, esta resolución encontraría, casi con seguridad, el rechazo posterior del decreto en ambas cámaras.

Bloqueo

El equipo de Economía irá hoy al bloque UCR para arengarlos a votar el Presupuesto, que se tratará mañana en sesión especial en el recinto. La urgencia por sancionar la ley de leyes bloqueará la alusión a cualquier aspecto ajeno. La charla sobre previsión quedará para las jornadas siguientes.

El diputado radical Eduardo Santín, uno de los negociadores en la materia, explicó a este diario que «vamos a aceptar la eliminación de la PBU y la creación de una prestación suplementaria, aunque la modificaremos».

A su criterio, que el Poder Ejecutivo haya privilegiado el tratamiento legislativo antes que sancionarlo mediante un decretazo, ya representa un avance fundamental. «Tenemos que demostrar que la Alianza no va al ajuste en el tema previsional», se juramentó Santín, en sintonía con la frepasista María América González y otros defensores de los abuelos.

De acuerdo con la propuesta oficial, la PBU de $ 200 fijos será reemplazada por una prestación que oscila entre ese monto y cero, a la cual sólo tendrán acceso los que ganen menos de $ 600. La idea parlamentaria es extender el beneficio hasta los que perciben $ 1.000.

En el caso de las mujeres, si bien el gobierno desistió de la intención original de elevar la edad jubilatoria,
suprimió la prestación suplementaria para los que pasen a la clase pasiva entre 60 y 65 años. En el Congreso, Santín ya consensuó con su bancada proponer, en cambio, una quita de $ 10 por año.

Si se trata de comparaciones con el primer proyecto previsional -que todavía duerme en la Comisión de Previsión como consecuencia de la polémica que desató-, en la nueva iniciativa se incorpora un beneficio de $ 100 para los mayores de 70 años que no hayan realizado aportes y no gocen de ninguna otra compensación estatal. Se los habilita, asimismo, a recibir la atención médica del PAMI, igual que el resto de los jubilados. En ese sentido, Santín y compañía avalan la postura oficial.

En la actualidad,
quienes quedaron afuera del régimen sólo pueden percibir $ 100 -excluyendo el servicio de la obra social-, en caso de demostrar que son pobres estructurales. Se lo conoce como pensión no contributiva.

Entre mañana y pasado, la frepasista
González convocará a comisión para analizar los detalles del proyecto y pergeñar los primeros cambios. En una semana, probablemente, esté confeccionado el dictamen de mayoría.

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