El gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial la promulgación de la polémica Ley 25.750 y soslayó así la posibilidad de vetar la criticada Ley de Bienes Culturales. La iniciativa protege a las empresas productoras de bienes culturales al establecer un límite para que los acreedores externos no puedan cobrar sus deudas a los multimedios de prensa.
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Ese punto es el más complicado y grave de la ley, no que existan límites a la participación de extranjeros en medios a 30% del capital -tal cual sucede en muchos países desarrollados-, sino que la medida se haya tomado por el endeudamiento de dos empresas de comunicación afectando la posibilidad de acceder al crédito en el futuro.
La norma fija que la decisión de abrir la posibilidad de que empresas extranjeras capitalicen su acreencia en los medios queda en manos de una decisión política del Poder Ejecutivo y no del juez de la causa, algo mucho más controlable por los multi-medios.
Excluye a las empresas de la aplicación del mecanismo del cram-dowm previsto en la Ley de Quiebras, mediante el cual permite a los acreedores capita-lizar deudas a través de acciones de la empresa, con lo cual las firmas propietarias de medios de comunicación corrían el riesgo de pasar a manos de controlantes extranjeros.
