Sin límites

Los límites para el gobierno de Néstor Kirchner suelen ser incómodos. Por eso ayer se supo que entre los decretos firmados por el Presidente en julio se encuentra uno que lo libera del engorroso tope a los salarios de asesores y contratados, que era de $ 10.000. En tanto, Cristina Kirchner puso su grano de arena en el Senado al frenar en la Comisión de Asuntos Constitucionales una ley que crea una comisión bicameral para supervisar decretos presidenciales.

El gobierno utilizó dos explicaciones para tomar esta última medida de modificación del tope para contrataciones, que es al mismo tiempo otro cambio por decreto del Presupuesto 2004, aunque esta vez asumiendo el Ejecutivo que lo hace por decreto de necesidad y urgencia y sin contar con poderes delegados para hacerlo. Por eso se citan dos casos en los que

Si los sueldos de los contratados del Estado son altos o no, es una discusión que pertenece a la mitología popular. Hubo casos de contratos de consultoría, en épocas del uno a uno, superiores a los $ 15.000 mensuales que a los gobiernos de entonces les costó justificar. Y existieron limitaciones para contratar personal necesario y con honorarios altos, justificados por la profesionalidad. Se conocen casos de subsecretarios nombrados durante el gobierno de Fernando de la Rúa que facturaban al Estado por contratos de locación de servicios por no poder ser encuadrados dentro de los topes y cupos establecidos en los presupuestos. Por lo tanto, no hubo una regla clara entre los excesos y la lógica.

Lo curioso del caso es que el Congreso estableció en el artículo 28 del Presupuesto 2004 -votado en diciembre del año pasado-: «el gasto asignado para el personal contratado... no podrá superar los créditos presupuestarios de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración nacional devengados al cierre del ejercicio 2003» -es decir, las contrataciones firmadas por el Estado no podrán superar los montos del año anterior- y exceptuó de esa regla sólo los incrementos por personal jubilado de la carrera de investigador científico. Y a ocho meses de la sanción de esa norma para el gobierno ya ha perdido vigencia.