Sólo con una nueva ley podrían subir tarifas

Roberto Lavagna

"La única salida que tiene hoy el gobierno si realmente quiere instrumentar un aumento de tarifas en servicios públicos es enviar al Congreso un proyecto de ley que modifique la ley de emergencia pública y permita solucionar la transición hasta que asuma el próximo gobierno", dijo ayer a este diario el asesor legal de una empresa privatizada.

Desde este punto de vista, si el gobierno quisiera cumplir con las exigencias planteadas por el Fondo Monetario, entre ellas la suba de las tarifas, debería incluir hoy en la mesa de negociación con los gobernadores un proyecto de ley que permita aumentos de emergencia.

La tensión entre el gobierno y las privatizadas volvió a acentuarse el viernes cuando, como era totalmente previsible, la jueza Claudia Rodríguez de Vidal, suspendió la audiencia pública para tarifas de gas que debía realizarse hoy, y las previstas para transmisión eléctrica que iban a hacerse a partir de este jueves.

La magistrada insistió en que la convocatoria a audiencias realizadas por los entes reguladores, contradice «no sólo» a la ley de emergencia, «sino además las disposiciones emanadas del Ejecutivo», que establecieron los procedimientos para la renegociación de los contratos.

Luego de que la misma jueza había suspendido en setiembre las audiencias públicas, con el criterio de que la ley de emergencia no permita aumentos de tarifas si no hay una renegociación integral de los contratos, el Ministerio de Economía apeló a un atajo legal. Como las leyes de electricidad y gas no fueron derogadas por la ley de emergencia, llamaron a debatir tarifas bajo el amparo de las primeras normas, pero la jueza interpretó que era igualmente una violación de la legislación vigente.

Ahora, el gobierno viene planteando que estudia apelar el fallo judicial en segunda instancia, o bien resolver los aumentos de tarifas por decretos de necesidad y urgencia. Ambas alternativas provocan fuerte malestar en las privatizadas. «Seguir por la vía legal no tiene plazos y es posible que en segunda instancia, la Cámara ratifique el fallo de la jueza», dijo una fuente de una empresa de gas.

• Contraproducente

La otra alternativa, la de los decretos de necesidad y urgencia, fue interpretada por un vocero de una empresa eléctrica «como algo contraproducente, porque la gente va a pensar que hay un acuerdo entre las empresas y el gobierno, cuando en realidad no lo hay».

«Si la audiencia pública no pasó por la Justicia, un decreto, aunque sea de necesidad y urgencia, también sería declarado ilegal, porque no puede modificar la ley de emergencia y porque no cumpliría el requisito de informar a los usuarios (a través de audiencias) que exige la Constitución», dijo un experto en asuntos legales de las privatizadas. «Un decreto sólo sería un recurso para engañar al Fondo por unas horas», dijeron en otra compañía.

Una tercera alternativa sería que la comisión renegociadora de los contratos, revise los contratos , incluyendo el aumento de tarifas, como parece sugerirlo la nota que recibieron el viernes algunas empresas. Esa posibilidad es considerada «inviable» por las empresas por las siguientes razones:

• Creen que la renegociación del contrato demoraría mucho tiempo, y ya no lo hay durante este gobierno, mientras que el aumento debe ser inmediato, después de 10 meses de la devaluación.

• Las empresas sólo aceptarían una renegociación parcial, a cuenta de la renegociación definitiva con el futuro gobierno.

• Dicen que esta administración es de transición y que cualquier cosa que se firme, será revisada por las próximas autoridades.

• Pero lo fundamental es que las privatizadas quieren incluir en la renegociación definitiva los ingresos no percibidos como consecuencia de la ley de emergencia, y piensan que sólo podrán hacerlo «con el marco de legalidad que dé el nuevo gobierno».

• La renegociación definitiva debe ser aprobada por el Congreso, lo que demorará mucho tiempo, y un debate subido de tono, sobre todo si se hace en época preelectoral.

De esta forma, la única forma para autorizar un aumento de emergencia o una renegociación parcial de los contratos que incluya aumentos de tarifas, sería una nueva ley que flexibilice la de emergencia pública en lo que se refiere a pesificación y congelamiento de tarifas y renegociación de casi 60 contratos de concesión.

En este contexto, las empresas transportadoras y distribuidoras de gas dijeron que «trascurridos casi 11 meses desde que se alteraran unilateralmente por parte del Estado nacional, las condiciones contractuales, nuestras empresas no tienen principio de solución para una situación arbitraria e insostenible, y no serán responsables de los daños que esta postergación pueda ocasionar al servicio».