Solución económica (de gobernadores) si cede juego político (el Poder Ejecutivo)

Los gobernadores están de acuerdo en 90% en firmar mañana el pacto federal a cambio de dos principales condiciones políticas: se disuelve el Ministerio de Acción Social o se lo deja sólo teórico pero la ayuda social pasa directamente a los gobernadores (concesión de planes Trabajar, ayudas especiales). Aquí empieza la discrepancia. El gobierno sabe que debe ceder pero quiere dos cosas: 1) un padrón unificado de beneficiarios de la asistencia social para saber en las provincias dónde va el dinero (el ex ministro Rodolfo Terragno tenía en estado avanzado este padrón que también está listo en muchas provincias); 2) la «unidad ejecutiva» o sea el gobierno nacional quiere participar en partes iguales, uno a uno, en el control de esta distribución. La aspiración de varios gobernadores justicialistas a presidir el país en 2003 alienta una solución a la parte econó-mica a cambio de esta cesión política de un arma importante para ese fin. Los gobernadores dicen que, además, existen 400 «oficinas de empleo» del gobierno nacional que también las quieren para sí o eliminadas.
Es tema importante. Se inventaron durante Caro Figueroa (ministro de Trabajo de Domingo Cavallo). Las gobernaciones entregaban allí nóminas de beneficiarios de planes Trabajar. Con la Alianza intendentes, punteros políticos se sumaron a obtener «planes». Ahora se quiere que el gobierno vuelva atrás. Felipe Solá, vicegobernador bonaerense, informó que hasta el grupo violento Quebracho disponía a su antojo de 130 planes Trabajar en La Plata que se usaban para premiar a «piqueteros» que convocaban a cortes de ruta. Cesar este uso político es exigencia clave de los gobernadores para firmar el pacto.
La discusión se centra así en que el gobierno cesaría de hacer política interna, algo que no agrada a los partidos de la Alianza. Pero los gobernadores tienen el arma de apoyar la solución económica sin la cual el gobierno se derrumbaría. El Dr. De la Rúa pasaría a ser un administrador de la recuperación de la economía del país más que un presidente con accionar político. Pero pasaría y terminaría cómodo su mandato. La alter-nativa es una hecatombe socioeconómica que no le permitiría perdurar hasta el año 2003 en que termina su período. Consolidarán al gobierno De la Rúa pero sin darle también el poder político. Esa es la postura provincial.
Las provincias discutirán otras cosas, aunque no tan importantes. Por ejemplo ¿qué sucede si la economía se recupera y comienza a crecer a, por ejemplo, 8% anual? Quieren una cláusula «gatillo» de que automáticamente se analizará lo acordado en el «pacto federal» a firmar ahora. Puede ser concedido pero el crecimiento, en soluciones de fondo, debería trasladarse prime-ro a baja de impuestos y tasas de interés.
También quieren la consolidación de las deudas provinciales en un bono tipo el que formuló el consultor Capita-nich. Además el vencimiento de algunos pagos inmediatos y financiación para algunas obras públicas comprometidas. También que se contemple en el congelamiento a 5 años el crecimiento vegetativo (provincias del Norte crecen a casi 3% anual, el doble que el promedio nacional poblacional).
Sobre la base de que tiene que ser resuelto todo en 48 horas, contando desde hoy, y firmar un pacto federal sin el cual pueden convulsionarse los mercados, se inicia la ardua negociación. Hoy a las 11 se reúnen los gobernadores (llega del exterior por la mañana el de Córdoba, José Manuel de la Sota) en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).