El gobierno decidió ayer crear un censo de deudores hipotecarios en el que se podrán inscribir quienes estén a punto de ser ejecutados. Este es el paso previo para otorgarles un subsidio para afrontar sus deudas. La medida busca subsanar el conflicto que generó el propio gobierno con la prórroga de la suspensión de las ejeciones hipotecarias por 90 días pero, más allá del fin electoral, seguramente tendrá un costo fiscal no menor. El FMI siempre reclamó una solución a este problema. En principio, el beneficio abarca solamente a los deudores hipotecarios de vivienda única con préstamos contraídos en los bancos.
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Aunque el gobierno de Néstor Kirchner no accedió al reclamo del Fondo por la suspensión de las ejecuciones, con un eventual subsidio podrían comenzar a acercase posiciones entre ambas partes.
El anuncio del nacimiento del denominado Registro Único de Deudores Hipotecarios lo formuló el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien destacó que esta iniciativa «busca crear un mecanismo que solucione el problema de los deudores hipotecarios con los bancos, de una manera que no afecte los derechos de los bancos ni los del fisco».
El Ministerio de Economía «buscará la forma de financiamiento para resolver el problema, que tendrá que ser un subsidio», admitió Fernández. Sin embargo, previamente se deberán definir las condiciones que tendrá el deudor para recibir esta ayuda a través de un proceso que deberá ser avalado por el Congreso.
Este registro se creó a través del Decreto 247, en el cual deberán inscribirse todos los deudores hipotecarios de vivienda única, cuyas ejecuciones, en marcha o por ser dictadas, estén suspendidas por la prórroga de 90 días que estableció el mes pasado el Congreso.
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