La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el polémico proyecto que vuelve a suspender por 90 días hábiles las ejecuciones hipotecarias que recayeran sobre viviendas únicas con destino familiar, en la última sesión que realizará durante el gobierno de Eduardo Duhalde. La iniciativa había arrancado en el Senado y fue aprobada allí el pasado 9 de abril, en el mismo momento en que Roberto Lavagna realizaba una visita al FMI. El Fondo puso como condición de firma de la última carta de intención que no se avanzara más en frenar la posibilidad de cobro de los acreedores, por lo que esa votación fue considerada un ataque directo al ministro, fogoneado por menemistas y adolfistas.
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Ayer, contra todos los pronósticos, los diputados convirtieron en ley esa idea. Pero Eduardo Duhalde tendrá margen suficiente para vetarlo si quiere en el medio hacer demagogia electoral. El Presidente puede esperar hasta después de la segunda vuelta para decidir el veto, si no quiere dejar vigente la ley, que puede provocar un dolor de cabeza al próximo presidente cuando inicie negociaciones con el FMI.
La ley contempla la suspensión de remates, desalojos y subastas y continúa con la prórroga que había vencido en el mes de noviembre del año pasado. Después de esa fecha, el gobierno había cerrado un acuerdo con los bancos que se autolimitaron y decidieron no llevar adelante ejecuciones hasta el 1 de febrero de este año. Un poco después, Eduardo Duhalde firmó un decreto de mediación entre deudores y acreedores con sede en los ministerios de Trabajo y de la Producción, un sistema no obligatorio que resultó poco útil.
Junto con ese proyecto, la Cámara de Diputados sancionó y giró al Senado la propuesta de libre acceso a la información del Estado -ver nota aparte- y el proyecto que establece un plan de ayuda para las zonas inundadas de Santa Fe.
El proyecto declara «zona de desastre» por el plazo de 180 días a los departamentos del centro-norte de Santa Fe y a otros cuatro de Entre Ríos, afectados por las inundaciones. Fija una partida especial del Presupuesto de 150 millones para la reconstrucción de Santa Fe y otra de 30 millones para Entre Ríos.
• Facultades
La iniciativa, redactada por el santafesino Oscar Lamberto, autoriza en esos lugares a realizar contrataciones de alquileres por plazos menores que los habituales de dos años, a ampliar el otorgamiento de planes sociales, así como a la adopción de medidas para preservar las relaciones de empleo, y faculta al Ejecutivo Nacional para conceder planes de pagos, moratorias impositivas y quitas de deudas a contribuyentes de la zona.
En la misma sesión, se convirtió en ley el programa de rescate de las cuasi monedas provinciales mediante la creación de dos bonos en pesos por 7.800 millones. Estos bonos tendrán vencimiento en 2011, por $ 6.800 millones, y 2013, por $ 1.000 millones, serán de carácter negociable y se pedirá la cotización en el mercado abierto electrónico, en Bolsas y mercados de valores del país. También se estableció una reasignación presupuestaria por $ 250 millones: 150 millones serán destinados a las provincias que firmaron pactos fiscales y no emitieron bonos -$ 60 millones son para Santa Fe-, mientras que los restantes 100 millones irán para provincias que no firmaron el pacto y tampoco emitieron bonos.
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