30 de mayo 2003 - 00:00

Tampoco habrá subas de invierno en luz y gas

El gobierno decidió suspender por el momento los ajustes de invierno en gas y electricidad, con lo cual, tal como había dicho un día antes, el ministro de Planificación, Julio De Vido, «no habrá aumentos de tarifas en el corto plazo».

Las declaraciones del funcionario abrieron en un primer momento un interrogante sobre el precio mayorista de la energía eléctrica y el valor del gas en yacimiento que perciben las petroleras, porque dijo que antes de decidir aumentos se revisarían los contratos de concesión y el cumplimiento de las inversiones.

Como la electricidad a nivel mayorista y el gas en boca de pozo son producidos por empresas privadas que no tienen tarifas reguladas, quedaba la posibilidad de que el gobierno empezara por autorizar ajustes en esos productos, y dejara para más adelante los de las empresas privatizadas propiamente dichas, incluidas las energéticas
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Pero ayer, el Ente Nacional Regulador del Gas decidió postergar la audiencia pública convocada para el martes próximo en la que debía tratarse el ajuste estacional del gas. El Enargas atribuyó la decisión «a la necesidad de proteger adecuadamente los derechos de los consumidores y al alto grado de dispersión de interpretación por parte de los productores de gas respecto de la ley de emergencia, que ocasiona una multiplicidad de precios exigidos a las distribuidoras e imposibilita la concreción de transacciones libremente acordadas».

• Postergación

En otras palabras, el Enargas argumentó que las petroleras están requiriendo a las distribuidoras de gas distintos valores para el producto, ya que aplican diferentes criterios de ajuste. Y que esas diferencias no permitirían que se realice el pase a tarifas del precio del gas, tal como prevé la ley de marco regulatorio de la actividad.

En principio, voceros del organismo dijeron que la audiencia quedaría postergada para agosto, y que hasta esa fecha se buscaría acordar con las petroleras un criterio uniforme para el ajuste, y un escalonamiento progresivo para llegar a valores que resulten aceptables para las empresas, pero que podrían ser inferiores a los vigentes antes de la devaluación
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Hasta que se salió de la convertibilidad, el precio del gas oscilaba por unidad producida entre 1 dólar y 1,40 dólar, correspondiendo el precio más alto al gas proveniente de la cuenca neuquina, y ahora se ubica en 40 centavos.

Al igual que con el gas, el gobierno también postergó sin fecha el ajuste en el precio mayorista de la electricidad que iba a ser de 40%, con un impacto de 14% en la tarifa final promedio.
Según trascendió, tras una ardua negociación con la Secretaría de Hacienda, el designado secretario de Energía, Daniel Cameron, obtuvo un préstamo del Tesoro de 150 millones de pesos para Cammesa, la empresa mixta que controla las transacciones en el mercado eléctrico mayorista.

El préstamo, que ya había empezado a negociar con Hacienda el hasta ahora secretario de Energía, Enrique Devoto, es imprescindible porque Cammesa se quedó sin recursos en el llamado fondo estabilizador de las tarifas, y debe cubrir por lo menos los costos variables de las generadoras eléctricas para que éstas sigan operando.

Esos costos se incrementan en el invierno en un promedio de 200% durante las jornadas en que las centrales térmicas deben operar con gasoil, porque les cortan el suministro de gas natural para cubrir la demanda residencial y la industrial que no puede interrumpirse.

Si no hay aumento del precio mayorista, los 150 millones que salieron de Hacienda, operarán como un subsidio a la tarifa eléctrica de todos los usuarios, incluidos todos los no residenciales y los hogares de mayores consumos
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La situación puede provocar algún conflicto entre De Vido y Roberto Lavagna, no sólo por el préstamo no presupuestado. El ministro de Economía se había comprometido con el Fondo Monetario a dar un ajuste de tarifas antes de agosto, para lo cual había anunciado que enviaría al Parlamento un proyecto de ley que devolviera al Ejecutivo la potestad de ajustar los precios de los servicios públicos.

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