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En esa cámara las discusiones serán más calmadas que en Diputados -donde el proyecto tuvo el récord de ser el pedido de Néstor Kirchner más demorado en el tiempo-, por lo que se presume que en 15 días podría convertirse en ley. Pero el problema sigue siendo políticamente complicado para el oficialismo. En Diputados esa ley fue votada con toda la oposición en contra alegando que se estaba firmando un cheque en blanco al gobierno para que dispusiera cargos fijos a las empresas -una suerte de aumento de tarifas paralelo- para financiar obras de infraestructura de transporte o generación de energía.
Para hacerlo, se le otorga poderes a Néstor Kirchner para disponer el monto y el porcentaje de esos cargos, el tiempo durante el que se pagarán, las obras que serán financiadas con esos fondos y hasta quiénes lo pagarán. Todo, sin control del Congreso y por fuera del Presupuesto nacional.
Si bien el gobierno aclaró que esos cargos específicos se aplicarán a las empresas y a grandes comercios beneficiados por obras energéticas, la autorización al Ejecutivo rige para aplicarse a cualquier consumidor, incluso los particulares en el futuro. En principio, por ejemplo, pagarán esa sobretasa junto con la factura de gas o de electricidad -se presume que podrá llegar a un incremento de 25%- quienes reciben gas proveniente de la ampliación de un gasoducto, como sucede con la obra del Gasoducto General San Martín ya terminada y que debe financiarse con ese sistema de cargos fijos.
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