Tarifas: piden que la Justicia no trabe audiencias públicas

Alfredo Atanasof, jefe de Gabinete, aseguró ayer que «no hay decreto por ahora» para disponer un eventual aumento de las tarifas de los servicios públicos e indicó que el gobierno espera que la Justicia «no trabe el mecanismo legal» de las audiencias públicas. «Lo que el gobierno quiere es que se realicen las audiencias públicas, que allí consumidores y empresarios discutan y debatan el cuadro tarifario futuro y que se encuentre una solución definitiva a este tema», señaló el funcionario en la habitual conferencia de prensa que brinda en Casa de Gobierno.

Atanasof agregó que el gobierno ya fijó una «tarifa social para dejar afuera de los aumentos a los sectores de menores recursos», pero negó que para solventarlas se esté pensando en un incremento de los impuestos. «De ninguna manera la tarifa social puede ser pagada con otros impuestos; esto no es así», afirmó, y dio cuenta de la «preocupación» del Ejecutivo porque «las propias organizaciones sindicales han alertado sobre el riesgo que corren los puestos de trabajo ante la desinversión y las dificultades de las empresas».

Por otro lado, el funcionario reafirmó que «el único mecanismo legal vigente para permitir un incremento tarifario son las audiencias públicas» y evaluó que «lo único nuevo que ha generado comentarios confusos son las palabras del ministro de Economía, (Roberto) Lavagna, en el coloquio de IDEA».

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Como se recordará, el titular del Palacio de Hacienda había manifestado en esa reunión (realizada en Mar del Plata) ante un audiencia de 400 de los principales empresarios del país que «si no se pudiera avanzar vía las audiencias públicas porque la Justicia impidiera nuevamente la realización de las mismas, entonces podríamos recurrir a aumentar las tarifas a través del mecanismo de decretos de necesidad y urgencia».

Sin desmentir del todo a su compañero de gabinete presidencial, Atanasof dijo ayer que «no hay decreto por ahora». Añadió que había leído manifestaciones de las distintas organizaciones defensoras de consumidores en las que se advertían lo que calificó de «contradicciones» en las posturas acerca de las audiencias públicas.

«Algunas entidades están a favor de las audiencias públicas porque creen que es un derecho adquirido de los usuarios y otras están en contra porque entienden que habría que presentarlas en el marco de un debate mucho más amplio y creo que ha habido una gran cantidad de expresiones en torno de esto», señaló el funcionario.

Curiosamente, tampoco del lado de las empresas de servicios no hay demasiada confianza en los resultados que puedan arrojar esas audiencias: «Es como preguntarle al pollo qué piensa de las Navidades», ironizaba un empresario del sector. «Si me pregunta a mí si tienen que aumentar la luz, el gas, el teléfono, las autopistas, voy a contestarle un rotundo 'No', pero insisto en que no puede pedirse al consumidor que acepte los argumentos de posible desempleo y caída del servicio por desinversión para justificar que su ingreso real se reducirá aún más.»