Devoto y otros funcionarios nacionales temerían que ante una situación límite que las obligue a reponer elementos o repuestos importados, las empresas privatizadas se declaren en «default operativo», mientras el Estado no tendría recursos para hacer frente a la emergencia.
Según trascendidos confiables, dentro del gobierno se considera que la situación se aliviaría si antes de la renegociación de contratos, prevista en la ley de emergencia económica, se autoriza un incremento de 10 a 12% en los márgenes de transportistas y distribuidores de gas y electricidad que permita pasar el invierno sin grandes sobresaltos.
En el caso del gas, el próximo viernes se realizará la audiencia pública para debatir el aumento en boca de pozo que perciben las empresas petroleras. Aun cuando habrá audiencia, el gobierno ya tiene decidido que sólo autorizará una suba de 11%, para que el precio del gas sea igual al del invierno pasado.
Este ajuste podría ser retroactivo al 1 de este mes, y significaría un aumento en las tarifas residencias de 3,5% y en las industriales de 5,5% en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Si a esto se le agrega en junio una recomposición de los márgenes de transportistas y distribuidores, la suba en tarifas de gas podría totalizar alrededor de 8% para usuarios domiciliarios de la región metropolitana.
Se afirma que dentro del gobierno, los que creen que el aumento en tarifas es necesario para no afectar la prestación de los servicios, están analizando apelar el fallo de la jueza Do Pico directamente ante la Corte Suprema, tal como lo permite el cambio en las normas de procedimiento.
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