Trenes: analizan riesgo de anular la concesión

El gobierno de Eduardo Duhalde analiza esta semana los riesgos que podría deparar la rescisión del contrato de Metropolitano, y al mismo tiempo estudia la posibilidad de otorgar en forma transitoria la concesión al grupo Roggio hasta que se llame a una nueva licitación.

Esta es la información que circula por los despachos de las más altas autoridades del gobierno, mientras la polémica por los trenes abierta por el candidato oficialista, Néstor Kirchner, quebró al gabinete de Duhalde.

Trascendió que la semana pasada mientras el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, se reunía con las concesionarias de los trenes, y éstas le manifestaban el malestar por la situación que se viene creando en torno a estas privatizaciones, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, casi en el mismo momento, hablaba con Aldo Roggio sobre la posibilidad de que la empresa del grupo que ya controla Subterráneos de Buenos Aires y el Urquiza, se haga cargo de Metropolitano.

• Creencia

Pero, más allá de las acciones enfiladas a la campaña electoral y las luchas internas dentro del gabinete que tiene hoy enfrentados a todos los funcionarios que se ocupan de los trenes, hay expertos legales que creen que el Estado corre el riesgo de un juicio si rescinde el contrato de Metropolitano.

Causas para la rescisión no faltan: se suman los incumplimientos evidentes del concesionario que habría percibido desde mayo pasado unos 30 millones de pesos por la tasa del gasoil y mantiene a los trenes en un estado de abandono mucho más alto que el de las otras concesiones, y también la convocatoria de acreedores.

Pero hay dos limitantes importantes: otras empresas privatizadas también están en convocatoria, entre ellas Ferrovías, otra concesionaria ferroviaria que explota el Belgrano Norte, y el Estado no apeló nunca a esa causa de rescisión que figura en los contratos.

Por otra parte, el Estado acumula una deuda con los ferrocarriles por subsidios impagos, y se dice que a Metropolitano se le adeuda lo que corresponde a 2000, además de los retrasos en el pago para obras de infraestructura, que por contrato, están a cargo del Estado, contra entrega de certificados de obra.

Además de esto, el socio mayoritario de Metropolitano, Trainmet, de los empresarios Mario Montoto y Sergio Taselli (además de una participación minoritaria de la empresa Ormas), parece dar el perfil para iniciar un juicio millonario al Estado nacional y probablemente ganarlo.

En esas circunstancias, el gobierno, interesado sobre todo en el golpe de efecto que significaría la rescisión del contrato en plena campaña electoral, podría eludir una evaluación seria del riesgo de un juicio, que en última instancia afectará al próximo gobierno.

Metropolitano explota las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. El grupo Roggio controla Subterráneos de Buenos Aires y el Urquiza. Pero, según trascendió en medios empresarios, ya desde la época en que se iniciaron los conflictos entre Trainmet y Ormas, Roggio manifestó su interés en los ramales de Metropolitano.

Ahora parece que fue Atanasof el que le ofreció el negocio a Roggio. De todas formas, el vocero del grupo afirmó que «la única mane-ra de hacer negocios en la Argentina es en estricto respeto de la seguridad jurídica, por eso tenemos que ser muy prudentes con nuestra posición en la medida en que existe un concesionario responsable».

• Incumplimiento

El vocero del grupo Roggio también destacó que «hubo un decaimiento muy grande en algunas concesiones a partir de que el Estado no cumplió con sus obligaciones», y recordó que el concesionario «es un administrador de un plan público que se financia con fondos provenientes del Estado en una gran parte».

Entretanto, el secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, a quien un sector del gobierno quiere desplazar marcándolo como responsable e incluso como allegado a Montoto-Taselli, mandó ayer una serie de intimaciones a Metropolitano.

El objetivo es para que solucione en el término de 20 días los problemas más evidentes: estado de los vagones, instalaciones para discapacitados y seguridad adicional. Por su parte, una comisión de unos 50 agentes conformada por Atanasof, se dedicó a fotografiar los trenes, para demostrar lo que ya era sabido por todos.