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La decisión fue adoptada por los integrantes del tribunal, Roberto Hornos, Carlos Pizatelli y Marcos Grabivker, de acuerdo con una acordada que firmaron el martes pasado. De esta forma, los jueces Javier López Biscayart, Diego García Berro y María Verónica Straccia jurarán en sus cargos en una ceremonia que se realizará a las 11 en la sala de audiencias del edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950. El mismo día, por la tarde, comenzarán a trabajar en un edificio cedido en comodato por el Banco Central y que funcionará en Cerrito 264 de esta capital. Por ahora, las fiscalías y la defensoría oficial, aún no tienen designado un lugar.
En la DGI a cargo de Horacio Castagnola se le asigna una alta importancia al debut de estos tribunales. El funcionario, de bajo perfil, asegura en reuniones con su equipo de trabajo que el fuero forma parte de un amplio plan para reducir la evasión, las que indirectamente, generaránrecursos para atender la crisis social.
Este tribunal comenzará a trabajar «desde cero», es decir que las causas iniciadas antes de su puesta en funcionamiento seguirán tramitándose en el fuero Penal Económico. La decisión de poner en marcha los tribunales que perseguirán a los evasores fue adoptada luego de que el 1 de este mes la Corte Suprema de Justicia sostuvo en una acordada que «la puesta en funcionamiento de esos tribunales constituyen una prioridad insoslayable».
Este fuero fue creado a través de la Ley 25.292 y pese a que los tres jueces que lo integrarán estaban designados desde el año pasado, no podían asumir en sus cargos porque no se destinaba la partida presupuestaria correspondiente para el funcionamiento de los juzgados. A poco de asumir en su cargo, el presidente Kirchner ordenó que se asignaran los fondos correspondientes, de manera de iniciar una política de lucha contra la evasión.
Los nuevos tribunales tendrán a su cargo la aplicación de las leyes contra evasores, por la cual las personas que hayan sido encontradas culpables de evadir más de un millón de pesos son privadas de su libertad. Además deberían ser los encargados de decidir en qué casos se tendrá que aplicar la figura de «asociación Ilícita», si se aprueba la ley que el gobierno envió hace 15 días al Congreso.
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