Empresarios: persisten dudas por los alcances de la ayuda

La principal incógnita es cuál va a ser el criterio que usará el Gobierno para definir cómo se van a distribuir los subsidios.

Acciones. Mercedes Marcó del Pont y Matías Kulfas, con estrategias paralelas en la crisis de la cuarentena.

La principal duda que tienen tanto empresarios como asesores tributarios es cuál va a ser el criterio que usará la comisión que comanda Santiago Cafiero para definir cómo se van a distribuir los subsidios que destinará el Estado a través del Programa de Asistencia en la Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP). El programa que ya cuenta con 420.000 pymes anotadas, tendrá un par de días más para completar el padrón, entre hoy y mañana.

Pero lo gran duda que hay entre los empresarios es cuánta ayuda van a poder recibir del Estado. Al decir del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la comisión que integra con su par de Trabajo, Claudio Moroni, está “terminando de calibrar” los parámetros. El decreto que estableció la ayuda y el modificatorio conocido en domingo por la noche, habla de “reducción sustancial” de la facturación de las empresas durante el período de la cuarentena con el equivalente del año pasado. “No sabemos qué considera el gobierno reducción sustancial”, señaló el secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grinman. Según la entidad, las ventas del sector cayeron 64% desde que comenzó el aislamiento.

Si se tomara como parámetro lo que sucede en otros países como en España, de los más castigados, el fisco determinó que las empresas pueden acceder a beneficios si reportan una caída del las ventas del 75%. No obstante, vender no es lo mismo que cobrar y menos en un país con inflación como Argentina. Kulfas aseguró que teniendo en cuenta una inflación en marzo interanual del 48%, “una caída nominal de las ventas ya representa una caída sustancial”.

Según señaló Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria “la caída de las ventas fue del 100%, todos facturaron cero, salvo que están ligados a las actividades esenciales”. Fernández consideró que si a un mes sin facturar se le suma también la falta de cobro el panorama es de “un desastre”. De modo que según entiende el empresario pyme “las empresas tan solo tendrán que acreditar que no facturaron nada”.

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y titular de la CoordInadora de industrial de Productos Alimenticios, afirma que “efectivamente no hay un criterio cuantitativo” por parte de las medidas anunciadas por el Gobierno para determinar el grado de crisis que presenta una empresa que aspira al ATP. A su criterio, van a jugar parámetros cualitativos también.

Tributaristas consultados señalaron que el Gobierno debería reemplazar el criterio de ventas por el de cobranzas, para entender mejor las condiciones en las que se encuentra una firma. César Litvin señala que “el criterio que debería adoptarse es el de las cobranzas”. Incluso, el especialista es más preciso, al detallar que si bien una empresa pudo haber recibido un cheque de pago diferido para cancelar una factura, habría que asegurarse que el cheque va a ser pagado efectivamente y que no sea rechazado por falta de fondos. Para Litvin el esquema en realidad está pensado “solo para empresa que están con sus puertas cerradas”.

Mientras tanto, Sebastián Domínguez planteó el problema que genera la inflación para analizar los datos. Según explicó, en el caso de un avance de los precios del 50% en un año, “si una empresa vendió por $1 millón en 2019 y $350.000 en 2020, nominalmente tuvo una caída del 65% de las ventas, pero si se ajusta por inflación las cifras del año pasado en vez de $1 millón, serían $1,5 y la pérdida sería en realidad del 76,67%”.