El paquete de leyes que está a consideración del Senado, con despacho de comisión para ser tratado como es habitual para estas fechas en maratónica sesión, incluye una perla por la demora: se trata del pedido de aprobación de modificaciones al convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, al que por Ley 24.370 del año '94 la Argentina se incorporó. El mensaje del Poder Ejecutivo, de mayo del '99, está firmado por Carlos Menem, Jorge Rodríguez, Guido Di Tella y Roque Fernández. Además, se acumulan los proyectos con despacho de comisión, aprobándolos:
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Dos senadores radicales, uno porteño y el otro del Chaco, José María García Arecha y Luis León, propusieron y les fue aceptada la construcción de un monolito en Río Gallegos (Santa Cruz), en homenaje a los caídos en el hundimiento del crucero General Belgrano por un submarino atómico inglés durante la guerra por las Malvinas.
El peronista mendocino Carlos de la Rosa en cambio, eligió incursionar en el controvertido mundo de la propiedad intelectual. Y presentó un proyecto que también será aprobado, por el se consideran autores de una obra cinematográfica al director y al autor del libro, con el agregado de que en las vistas musicales el compositor tiene iguales derechos que el autor del guión y el productor. Desde los EE.UU. reclaman que se haga lo mismo con las patentes medicinales.
El hiperactivo León quiere que la DGI tenga facilidades para su instalación. Por ello, propuso modificar la carta orgánica del Banco Nación para permitir que en sus locales de todo el país puedan abrirse agencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Como para que nadie pueda argüir en el futuro que no paga porque la DGI está lejos.
Humanitario, el riojano Eduardo Menem plantó la iniciativa de crear un banco nacional de médula ósea de donantes vivos no relacionados, aunque dentro del ámbito del Incucai, que es el organismo de mayor especialización en materia de donación de órganos.
Que las Fuerzas Armadas y de seguridad dicen que hace rato que no tienen presupuestos acordes con sus necesidades no es novedoso. En cambio sí lo es que ahora reciban subsidios para poder cumplir con sus misiones. El peronista patagónico Eduardo Arnold pide -y se aprobará- que el gobierno otorgue una ayuda a la Prefectura Naval de $ 5,5 millones para la reparación de un helicóptero. Aseguró el senador que es el único afectado al servicio en la Patagonia.
De acuerdo al artículo 12 de la ley nacional de empleo y en un proyecto originado en Cámara de Diputados, ahora se va a crear el sistema integrado de prestaciones por desempleo para los trabajadores del Régimen Nacional de la Industria de la Construcción. Para satisfacción de Gerardo Martínez, diputado peronista bonaerense y barbado jefe de la UOCRA.
Abriendo las compuertas para futuros conchabos de empleados, secretarios, jefes y otras yerbas, el peronista puntano Alberto Sergnese, junto a otros senadores, proponen crear un Consejo Federal de Coordinación de Políticas Sociales. Allí podrán reunirse y discutir la eficiencia de la gestión de Graciela Fernández Meijide el gobierno nacional, los de las 23 provincias y el de la Ciudad de Buenos Aires, aprovechando para hacer turismo porteño.
Otro preocupado por la donación de órganos es el peronista pampeano Enrique Martínez Almudevar. Propone que por ley se establezca la inscripción de donantes de órganos. Y, como ya se hizo en la Capital Federal, que la campaña se haga en los lugares de votación de todo el país en las elecciones de 2001.
En cambio, el radical cordobés Luis Molinari Romero quiere que lactantes y embarazadas estén bien alimentados cuando esta responsabilidad recaiga en el Estado. Por eso, en los programas alimentarios, quiere que la leche entera de vaca en polvo que se entregue contenga la cantidad adecuada de hierro, zinc, cobre y vitamina C. Acumular regulaciones obliga a pensar ¿quién controlará a los contratistas del Estado para que se cumpla?
