La embestida tributaria impulsada por Xi Jinping sobre el patrimonio en el exterior de las grandes fortunas chinas amenaza con alterar la actividad de bancos, asesores financieros y mercados inmobiliarios en Hong Kong, Singapur, Japón y Estados Unidos. Cabe destacar que el impuesto alcanza tanto a los dividendos como a los intereses obtenidos a través de fideicomisos radicados fuera de China.
De acuerdo con el Financial Times, la nueva tasa impositiva del 20% entrará en vigor el próximo 22 de octubre. La normativa del gobierno chino posee un carácter amplio: alcanza a los activos patrimoniales heredados e incluye un mecanismo de retención para los ciudadanos chinos que trasladen su residencia fiscal al extranjero.
La medida alcanza a personas de alto patrimonio que recurrieron a estructuras internacionales para administrar inversiones, empresas y patrimonios familiares. El Gobierno informó en julio que fiscalizará las ganancias correspondientes al período 2023-2025 y fijó un plazo de 90 días para regularizar la situación tributaria.
Además, la normativa contempla la aplicación del tributo en distintas etapas de la vida de un fideicomiso: su creación, la apreciación de los activos, la obtención de rentas y la distribución a beneficiarios.
Busca recomponer las arcas fiscales y profundizar la doctrina de "prosperidad común" impulsada por Xi Jinping.
Foto: Xinhua
El detalle de la medida
Esta ofensiva impositiva persigue un doble objetivo político y económico: recomponer las arcas del Gobierno central y profundizar la doctrina de "prosperidad común" trazada por Xi Jinping. El plan apunta a que los sectores que más capitalizaron el auge económico de las últimas décadas realicen un mayor aporte fiscal, considerando también los activos offshore.
Los analistas de Barclays indicaron que esta puede ser una primera parte de un control más amplio sobre las ganancias de exportadores en el exterior, ingresos laborales fuera de China, inversiones internacionales y, a largo plazo, herencias.
El Financial Times informó que las entidades financieras chinas recibieron instrucciones para examinar en detalle las inversiones en el extranjero de sus clientes más adinerados. En algunos casos, el alcance de la auditoría se retrotrae hasta el año 2000, abarcando tanto operaciones financieras como ganancias de capital.
El Financial Times informó que las entidades financieras chinas recibieron instrucciones para examinar en detalle las inversiones en el extranjero de sus clientes más adinerados.
Los empresarios, en el foco
El alcance de la nueva embestida fiscal tomó desprevenidas a numerosas familias empresarias en pleno traspaso a una planificación sucesoria. Una generación entera de fundadores, que construyeron sus patrimonios durante el primer auge de la apertura económica china, se aproxima a la jubilación y debe decidir a paso acelerado la transmisión de sus activos bajo un esquema tributario más restrictivo.
Harry Yu, socio principal de la firma hongkonesa Fung Yu Trust Services, detalló que las familias deben analizar al mismo tiempo las transacciones anteriores, las necesidades actuales de liquidez y los planes sucesorios. “Es más arqueología que planificación”, señaló Yu, describiendo el arduo trabajo para reconstruir registros de fideicomisos, cuentas e inversiones.
Un inversor tecnológico chino sostuvo que la precisión del nuevo sistema reveló un conocimiento previo de los activos mantenidos en el exterior. “Tienen el sistema, conocen sus inversiones”, señaló al Financial Times.
La medida afecta a bancos, asesores financieros y mercados inmobiliarios en Asia y Estados Unidos.
Singapur y Hong Kong, preocupados por la medida
La nueva presión tributaria sacudió a Singapur y Hong Kong, los dos principales destinos del capital chino canalizado al exterior. El patrimonio transfronterizo administrado en Hong Kong alcanzó el año pasado los USD 2,9 billones, de acuerdo con Boston Consulting Group, una cifra que posicionó a la ciudad por delante de Suiza como el mayor centro mundial de riqueza extraterritorial.
Singapur, por su parte, atrajo a empresarios chinos que instalaron oficinas familiares, compraron propiedades de lujo y trasladaron parte de sus capitales a una jurisdicción con menor carga fiscal. Muchos de ellos creían que un cambio de residencia o ciudadanía los protegería de las obligaciones tributarias chinas.
Sim Bock Eng, director del estudio jurídico singapurense Wong Partnership, recordó que sus clientes reaccionaron con incredulidad. “Pensaban que eso los protegería”, declaró a la publicación.
Japón y Estados Unidos, emergen como alternativas
La preocupación también se extendió a Japón, donde inversores y empresarios chinos adquirieron propiedades de alta gama en Tokio, Osaka y centros turísticos como Niseko. Diversos agentes inmobiliarios señalaron que esta constante entrada de capitales impulsó un marcado incremento de precios en segmentos específicos del mercado.
Muchos de estos inversores ingresaron capitales a través de circuitos informales de transferencia e invirtieron en pequeñas empresas locales. Frente a la embestida fiscal de China, recurren a consultores y tributaristas para ponerse al día sin activar auditorías sobre el origen de los fondos ni sobre los criterios de valuación de sus compañías en Japón. Las conversaciones dejaron de centrarse en viviendas, colegios y visados para pasar a concentrarse en los impuestos.
En ese marco, Taiwán y Estados Unidos emergen como posibles refugios para quienes ya poseen activos fuera de China. Ninguno de los dos países participa formalmente en el Estándar Común de Reporte de la OCDE, el mecanismo multilateral que facilita el intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones.
Banqueros consultados por el medio indicaron que la división de gestión patrimonial de Morgan Stanley en Nueva York registró un marcado aumento en las consultas, apertura de cuentas y transferencias de fondos provenientes de Hong Kong y Singapur.
Los inversores extranjeros no residentes suelen estar exentos del impuesto estadounidense sobre las ganancias de capital derivadas de inversiones locales. Esta ventaja fiscal, combinada con la falta de intercambio automático de información bajo el estándar de la OCDE, incrementó sensiblemente el interés por trasladar fondos hacia Estados Unidos.