Y que siga la estafa...

Esta es una versión libre de un conocido dicho: «A principio del año pasado, estafaron a los ahorristas en dólares para subsidiar a los deudores pesificados. Yo tenía una deuda y no dije nada. También, rompieron todos los contratos entre privados y con el Estado para beneficiar a algunos sectores. Como me convenía, no hice nada. Luego, violaron el derecho de propiedad de los accionistas y los tratados internacionales de protección recíproca de inversiones, con el congelamiento de las tarifas de las empresas privatizadas. Como eso mejoraba el poder adquisitivo de mis ingresos, no dije nada. El problema es que cuando el gobierno me señale a mí como el próximo a ser estafado, los demás harán como yo: no dirán nada.»

El ministro de Economía Roberto Lavagna, declaró que el sistema de AFJP es inviable y ha fracasado. Este es un primer paso para avanzar en la propuesta de la ministra de Trabajo Graciela Camaño, de pasar a todos los aportantes al sistema de reparto y dejar las AFJP como sistema complementario. Cuando perdamos nuestro derecho a una jubilación digna, ¿quién dirá algo?

En todo el mundo desarrollado, los países que tienen sistema de reparto estatal están tratando de ir hacia esquemas de capitalización. En todos, los viejos regímenes públicos están teniendo problemas. Pero en el nuestro, estos problemas se exacerbaron gracias a los demagógicos manejos de la dirigencia política y económica.

• Contabilidad

Es fácil entender por qué se pretende regresar a un sistema del cual el mundo no sabe cómo escapar. Cuando uno hace un aporte al esquema de reparto estatal está comprando un derecho a un pago futuro de jubilación al entrar en la etapa pasiva. Es como comprar un bono público cuyos cupones se pagarán cuando uno deje de trabajar. Sin embargo, para los políticos, tiene una característica sumamente atractiva. Los aportes actuales de los futuros pasivos se contabilizan como si fueran ingresos corrientes, a pesar de ser una deuda del Estado. De esta forma, los pueden gastar demagógicamente. Total, el problema de pagar las pasividades será de algún futuro gobierno que deberá declarar la emergencia previsional e incumplir con el compromiso asumido con el aportante. Esta historia ya la vivimos y es el justificativo de las miserables e injustas pensiones que cobran nuestros abuelos.

Adónde irán nuestros aportes en el caso de que se continúe con la actual política económica no es una incógnita. El gobierno de Duhalde decidió subsidiar a los deudores pesificados mediante la pesificación de los depósitos en dólares, parte de los cuales eran de los afiliados de las AFJP. Por suerte, las administradoras interpusieron recursos de amparo contra esta violación al derecho de propiedad de los futuros jubilados y la Justicia ya empezó a darles la razón a éstos. Por otro lado, el Estado pretendió apoderarse de parte de los ahorros de los aportantes que fue invertido en deuda pública en dólares y que fue pesificada, contra lo cual las Administradoras interpusieron un recurso administrativo. Hoy que el gobierno no tiene acceso directo a los fondos de pensiones, trata de malgastarlos. ¿Se pueden imaginar qué sucederá cuando reciba nuestros aportes en sus arcas?

Lo interesante de todo esto es que, según los funcionarios citados, el fracaso del sistema de capitalización se debe a los malos rendimientos de los últimos años. Sin embargo, ellos son funcionarios del gobierno que provocó semejantes pérdidas con las «pesificaciones» y, además, fue desde el Estado que se «incentivó» (¿presionó?) a las AFJP para que tomaran cada vez más deuda pública para suplir la falta de crédito voluntario, desde finales de 2000. Por otro lado, a pesar de criticar los niveles de deuda pública asumidos por las administradoras, los funcionarios del actual y del futuro gobierno están buscando los mecanismos para utilizar los recursos de las AFJP para financiar su plan de obras de infraestructura. Esto es más que contradictorio y demuestra cuál es el verdadero interés detrás de los ataques al sistema de capitalización, gastarse los recursos de los aportantes.

También nos muestra la historia argentina que, a la hora de buscar votantes, los administradores estatales regalan jubilaciones a quienes no hicieron los aportes necesarios, a costa de lo que recibirán los que sí los hicieron. Lamentablemente, el político prioriza el «malgasto» presente (hoy estamos en el poder, mañana no) y no el interés del futuro jubilado en tener una vejez digna. Es necesario hacerle reformas al sistema de capitalización, pero justamente son las que deberían apuntar a poner sus fondos lo más lejos posible de las manos de nuestros funcionarios públicos. Habría que eliminar las regulaciones que «incentivaron» a las AFJP a comprar deuda pública y permitirles colocar más de su cartera en el exterior. Los trabajadores argentinos ya tienen suficiente riesgo nacional con vivir (o sobrevivir) aquí como para, encima, comprometerles el total de su futura jubilación.

Si se amplía la participación del sistema de reparto, corremos el riesgo de que los que se jubilen el día de mañana en él cobren pasividades miserables y/o que los contribuyentes de entonces tengan que pagar mayores impuestos para mejorarlas. Esta historia la conocemos, ¿podemos ser tan tontos de repetirla?

• Ganancia ficticia

Pero el «festival de estafas» no termina aquí. Muchas empresas e individuos que están presentando sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias se están dando cuenta de que a ellos también les tocó. Al no haber ajuste por inflación, el aumento de precios de los activos (a pesar de haber bajado en dólares) ha subido en pesos e implica que tendrán una ganancia financiera (ficticia). Por ejemplo, si Ud. tenía el 31 de diciembre de 2001 un depósito en dólares en el sistema financiero, el mismo fue pesificado a $ 1,4 + CER. El «dólar pesificado» valía $ 2 al 31 de diciembre de 2002, por lo que Ud. perdió cerca de 60% de sus ahorros originales. Sin embargo, deberá pagar el Impuesto a las Ganancias sobre $ 1 que «ganó» por cada dólar gracias a la pesificación actualizada por CER. Por ende, luego de robarle parte de su patrimonio, el gobierno argentino le cobrará hasta 35 centavos más de peso por cada dólar por su supuesta ganancia, lo cual elevará su pérdida a casi la mitad.

Este ejemplo se repite en los casos en los cuales los activos de las empresas se revalorizaron en pesos. En muchos casos, las pérdidas operativas que tuvieron por el récord de recesión de 2002 se vieron más que compensadas por la «ganancia» inflacionaria. Si no tuvieron ganancias, no tendrán recursos para abonar el impuesto sobre dicha ganancia inexistente. Por lo que, ¿las obligará el gobierno a endeudarse o a liquidar bienes para pagar este «impuesto a las pérdidas»? Si esto no es una violación del derecho de propiedad (estafa), va a ser difícil encontrarle una definición criolla.

Un país cuyos ciudadanos no son capaces de defender el respeto de los derechos e instituciones (seguridad jurídica) está condenado al subdesarrollo. Nadie querrá invertir aquí, ya que temerá ser el siguiente en la lista de estafados. Sin inversión no hay empleo, ni producción, ni la posibilidad de darle un mejor nivel de vida al pueblo argentino.

(*) Economista, director general de EXANTE