A examen Massa ante la Corte, que reclama más fondos

El jefe de Gabinete, Sergio Massa, no se presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia, que lo había convocado a una audiencia para analizar la situación planteada en torno a las causas sobre derechos humanos y la inseguridad, en un intento de bajar el tono al enfrentamiento entre el Gobierno y el máximo tribunal, y avanzar sobre las demoras en la Justicia. La reunión fue reprogramada para hoy a las 17 y asistirán, por el lado de la Corte, el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, junto al secretario de Administración General, Daniel Marchi; en representación del Ejecutivo, Massa y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino.
Por si faltase, Cristina de Kirchner envió un gesto hostil anoche, al afirmar en medio de un discurso en Hurlingham, que al país también lo construyen «los jueces y los fiscales juzgando», al tiempo que reclamó que nadie «deslinde» sus responsabilidades en otros sectores.
Si bien en un primer momento el jefe de Gabinete había anunciado que iría a las 6 de la tarde de ayer, finalmente se excusó y pidió pasar la reunión para hoy, así podía preparar bien los números y las carpetas, en caso de que se firme una decisión administrativa que libere las partidas reclamadas por la Corte. En el medio, hubo una consulta a Cristina de Kirchner, quien le habría ordenado que no asistiera y que fuese él, en representación del Gobierno, quien pautara la fecha.
Por su parte, el cuerpo discutió minuciosamente los pasos a seguir en la reunión de acuerdo de ayer, frente a la situación conflictiva generada por los cruces entre la ministra Carmen Argibay y la Presidente de la semana pasada, y decidió avanzar con la invitación al jefe de Gabinete (a quien Lorenzetti llamó personalmente para que fuera al Palacio de Justicia ayer a las 18).
El tribunal también dispuso el envío de una carta a representantes de los tres poderes para integrar una comisión tripartita destinada a organizar las causas por delitos de lesa humanidad, como ya había anunciado. La convocatoria formal fue dirigida al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, a los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Julio Cobos y Eduardo Fellner, al procurador general de la Nación, Esteban Righi, y al titular del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, quienes deberán determinar sus representantes para que integren la delegación interpoderes. En un último punto, el cuerpo resolvió además pedir informes a todos los jueces que tienen a su cargo causas por delitos de lesa humanidad, medida que también ya había anunciado.
Objetivo
La invitación de la Corte al jefe de Gabinete se planteó como una conversación informal y cordial (no es infrecuente que el tribunal dialogue con diferentes representantes del Ejecutivo, de hecho Massa se reúne con Lorenzetti cada 15 días para tratar temas comunes). El objetivo es discutir el incremento del presupuesto para la Justicia y el nombramiento de 900 personas para trabajar en los procesos por delitos de lesa humanidad, así como en causas civiles y penales. La disponibilidad de las partidas que corresponden al Poder Judicial es un problema central, ya que, según sostienen en la Corte, gran parte de las demoras en los procesos se debe a la falta de recursos. Un problema estructural de larga data que explotó a raíz de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el último gobierno militar, y la dificultad de acelerar los tiempos frente a la inmensidad de procesos, debido al peso político que tiene el tema y qué lugar ocupa en la agenda política del Gobierno.
En el medio están las tensiones que genera la disponibilidad de los recursos a los que la Justicia no puede acceder de manera autónoma, ya que nunca se cumplió la Ley de Autarquía Judicial y sus fondos dependen directamente del presupuesto de la Secretaría de Hacienda, como cualquier otro ministerio. A esto se suma el hecho de que el 80% de los fondos del Poder Judicial son manejados por el Consejo de la Magistratura, organismo que también depende de la aprobación del Ejecutivo para disponer de las partidas asignadas.
El conflicto (reactivado en diciembre pasado, cuando la Sala II de la Cámara de Casación ordenó la excarcelación de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros 19 ex militares por exceso en los términos de prisión preventiva sin sentencia) recrudeció la semana pasada a partir de un cruce de fuertes declaraciones entre la ministra Carmen Argibay y Cristina de Kirchner. La jueza respondió el jueves pasado a las afirmaciones del discurso de apertura de la Presidente (en el que había llamado a los jueces a acelerar las causas de crímenes de lesa humanidad), al afirmar que no eran responsabilidad exclusiva del Poder Judicial las demoras en los procesos. Argibay criticó a la Presidente porque reclamaba celeridad al mismo tiempo que recortaba el presupuesto para la Justicia, y destacó como un problema central la falta de jueces (cuyo nombramiento está a cargo del Ejecutivo). Cristina de Kirchner devolvió el ataque al pedir a la Corte que no sacara «rédito político» del problema, lo que desencadenó una serie de dichos por parte de ministros (Massa, entre ellos) y representantes de la Justicia que se acusaban mutuamente.
Un cruce de poderes que, según señaló ayer la vicepresidente de la Corte, Elena High-ton de Nolasco, está terminado, y que en realidad apunta a un problema estructural de burocratización (como cualquier órgano del Estado) que es imposible resolver de manera inmediata.