El nuevo acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las FARC fue renegociado para incluir propuestas de la oposición tras el rechazo en las urnas del pacto original.
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• La primera versión debía anexarse a la Constitución una vez refrendada. Ahora solo se incorporará un artículo transitorio, vigente por tres períodos presidenciales (12 años), que señala que "las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe" con el acuerdo.
• El pacto de septiembre esbozaba la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, que plantea penas alternativas a la cárcel, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado delimitado. Ahora se establece un período de 10 años para presentar acusaciones, que podría llegar a 15 años. Los fiscales deberán ser colombianos.
• En el nuevo texto se establece que se delimitará caso por caso si el delito de narcotráfico se considera conexo al de rebelión y, por tanto, amnistiable, o será sancionado.
• La organización armada aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar víctimas, y entregará una lista de todos sus miembros, incluidos milicianos.
• La participación política de los guerrilleros se mantuvo sin cambios y constituye la principal objeción de los opositores, que rechazan que insurgentes culpables de crímenes atroces puedan presentarse a cargos de elección popular antes de pagar sus penas. Las FARC tendrán cinco escaños garantizados durante dos períodos electorales consecutivos. Recibirán "una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones".
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