• ELEVARON NOTA AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y AL MINISTERIO DE JUSTICIA Cámara del Crimen apunta a redactar procedimiento especial para evitar exponer a empleados en los próximos días por presión de comisión interna de fuero penal. En despachos oficiales miran ahora al Servicio Penitenciario por ausencia de advertencia.
Los episodios de tuberculosis detectados en empleados judiciales a raíz del contagio generado por el traslado de detenidos que fuera revelado por Ámbito Financiero, disparó la reacción del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que emitió un comunicado exhortando a las autoridades del Consejo de la Magistratura a tomar medidas urgentes ante eventuales riesgos, en representación de los letrados que se desempeñan en el fuero penal. Pese a haber quedado circunscripto a hechos puntuales, la situación puso de manifiesto las condiciones actuales de trabajo y la ausencia de protocolos específicos para los presos que son llevados a dependencias judiciales desde el Servicio Penitenciario Federal o las comisarías, y puedan representar un riesgo sanitario para sí mismos o para terceros. Toda la secuencia tomó mal parada también a la Corte, que envió a fumigar los juzgados afectados, cuando sólo una desinfección integral en base a lavandina permite eliminar cualquier vestigio del bacilo de Koch que transmite la tuberculosis.
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"El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal expresa su más profunda preocupación ante la verificación de casos de Tuberculosis en el marco del Poder Judicial de la Nación y máxime ante rumores de que los mismos serían producto de contagio proveniente de los detenidos", indicaron desde la entidad que preside Eduardo Awad sobre la información de este diario referida a seis empleados judiciales contagiados que están bajo tratamiento. "Dicha circunstancia que pone en riesgo a los abogados, jueces, detenidos, funcionarios y personal del PJN, hace necesaria la inmediata intervención del Consejo de la Magistratura Nacional, del Sr. Ministro de Justicia, y del Servicio Penitenciario Federal, quienes, de manera conjunta con las autoridades sanitarias, deberán realizar los test a detenidos y empleados y, en su caso, proveer de manera urgente la profilaxis para prevenir la propagación de una enfermedad que se encontraba casi erradicada de la República Argentina", exhortaron. El dilema no es menor y tanto a nivel nacional como de la Cámara del Crimen se encuentran elaborando un protocolo especial para intentar contener los alcances del malestar que atravesó tribunales ante una situación a la que están habituados, pero que no había arrojado consecuencias hasta ahora. El Ministerio de Justicia le pidió análisis al SPF pero allí se detectó una falencia que había pasado inadvertida, aunque en poblaciones carcelarias los focos de tuberculosis duplican la de poblaciones que no están bajo encierro.
Según se pudo reconstruir, el problema fue subestimado en un principio cuando se detectó un caso de contagio en el juzgado federal N°7 el año pasado. Como está en el edificio de Comodoro Py, la superintendencia sobre esos despachos está en manos de la Cámara Federal, responsable en última instancia. La "ocupación" de despachos por parte de algunos juzgados nacionales (como el N°43 que fue afectado) fue uno de los motivos por los que Casación ordenó ayer mudar esas dependencias y hacer espacio en los tribunales de Retiro. La comisión interna penal Azul Bermellón fue la primera en dar la alerta el 30 de mayo de este año a la Cámara del Crimen, cuando los casos se constataron en el juzgado nacional N°30 que está en el séptimo piso del Palacio de Justicia. Se solicitó a la Cámara del Crimen un protocolo de traslado de detenidos (sobre todo para la unidad que está en el subsuelo del Lavalle), que se declare día no laborable el desalojo de las dependencias y un cuidado especial sobre las mujeres embarazadas de todo el fuero penal nacional para que no tengan que estar en contacto con detenidos. Se estima que el protocolo para traslados de "detenidos con enfermedades infectocontagiosas" será rubricado en los próximos días.
El gremio que a nivel nacional conduce Julio Piumato elevó la cuestión a la Corte y al Consejo, en el mismo reclamo al que ahora se suman los abogados de la matrícula.
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