Se prevén planes de pago de hasta 36 cuotas, equivalentes al salario habitual. En principio se apunta a personal de entre 60 y 65 años, aunque también permite sumarse a los más jóvenes.
Impulsor. Lo es el ministro Andrés Ibarra del plan para la reducción del empleo público.
El Gobierno puso en marcha una reducción de empleados de planta del Estado a través de un programa de retiros voluntarios, que contempla el pago de hasta 36 cuotas mensuales de acuerdo al caso.
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En principio apunta a personal en edades más cercanas a la jubilación, aunque también se permite a los mas jóvenes. Se excluye al personal militar y al servicio diplomático.
Con el plan de retiros voluntarios, el Gobierno avanza un paso en su plan de ajuste de gastos mediante reducción de empleo público, el cual ya contemplaba la falta de renovación de contratos temporales de trabajadores, algunos de ellos, con 10 años de servicio, sin haber sido pasados a planta permanente.
El retiro estará abierto para agentes de 65 años o más, que no cuenten con los años de aportes para el retiro previsonal. También para empleados de entre 60 y 65 años y para menores de 60, que acrediten dos años de servicios en la Administración Central y Organismos Descentralizados, incluida la Seguridad Social.
Para el primero de los grupos, se habilita un plan de 24 cuotas, consistentes en el salario habitual. Para el segundo, se estipula un plan de 36 cuotas no remunerativas, y para el tercer caso habrá un pago equivalente a entre 2 y 6 cuotas y planes de pago de 8 a 24 de acuerdo a la antigüedad del agente que se acoja al supuesto beneficio.
Los agentes que no van a poder sumarse son los miembros de las fuerzas militares y de seguridad, y el personal del servicio diplomático. Tampoco podrán entrar los miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), según el programa elaborado por el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra.
El plan quedará vedado para aquellos a quienes el Estado haya iniciado una causa por algún delito contra el patrimonio público, salvo que tenga un fallo del juez absolutorio al momento de cerrado el plazo de adhesión.
También estará impedido el empleado que haya accionado judicialmente de alguna manera contra el Estado y los que haya iniciado el trámite para acogerse a la jubilación.
El plan de achicamiento del Estado a través de acuerdos con los empleados públicos está previsto en el Presupuesto del 2018 aprobado por el Congreso.
El programa económico prevé una reducción de déficit fiscal para este año de 1 punto, que se estima en unos $100.000 millones de pesos.
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