8 de diciembre 2017 - 00:00

Absolvieron a Sala en juicio por amenazas

Reacción. “Ustedes saben que soy una perseguida política, aunque digan públicamente lo contrario”, aseguró ayer Sala a los jueces.
Reacción. “Ustedes saben que soy una perseguida política, aunque digan públicamente lo contrario”, aseguró ayer Sala a los jueces.
La detenida dirigente kirchnerista Milagro Sala fue absuelta ayer por el Tribunal Criminal N° 2 de Jujuy en el juicio por amenazas telefónicas a dos policías en 2014.

La última audiencia contó con los alegatos de la fiscalía y de la única querella, que solicitaron 4 años de prisión efectiva para Sala, mientras que la defensa requirió su absolución.

"Ustedes saben que soy una perseguida política aunque digan públicamente lo contrario, y que mis causas fueron armadas por (el gobernador jujeño) Gerardo Morales...", dijo la líder de la Tupac Amaru a los jueces,

El representante del Ministerio Público Fiscal de Jujuy, Darío Osinaga Gallacher, había pedido condenar a la diputada del Parlasur por considerar "debidamente acreditadas y probadas" las supuestas amenazas a dos policías.

Los hechos ocurrieron en 2014, cuando María Belén Vargas denunció que otra mujer vendía ropa interior robada a su madre en una feria de la capital jujeña, pero fue ella la que quedó detenida. A pedido de la madre de Vargas, intercedió Sala para que la liberaran, oportunidad en que, según denunció la comisaría Angela Cabero, la amenazó telefónicamente con "hacer volar la comisaría".

La defensa de Sala, en su alegato, negó que la dirigente hubiese tenido una conducta amenazante. "Si dos policías reciben una amenaza de bomba seria, ¿se limitarían a la formalidad de poner denuncia?", alegó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.

La absolución en la denominada "causa de las bombachas" se concretó mientras la Justicia jujeña debe aún responder a la resolución del miércoles de la Corte Suprema nacional, que confirmó la prisión preventiva de Sala -detenida desde enero de 2016 por irregularidades en el manejo de fondos para viviendas- pero ordenó devolverla a prisión domiciliaria.

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