Absurdo: ocupas incendian casas antes de desalojar

Edición Impresa

El complejo de viviendas tomado en el Bajo Flores fue desalojado ayer después de tres meses de ocupación, en un operativo coordinado entre el Gobierno porteño y el nacional, tal como había ordenado la Corte Suprema. El desalojo incluyó el incendio de seis de las 204 viviendas que conforman el complejo por parte de algunos ocupantes, que autoridades dijeron estar en condiciones de identificar por filmaciones. Este jueves, bajo la misma modalidad, se intentará desocupar el asentamiento denominado La Veredita, en la misma zona.

El operativo en el predio de Castañares y Lafuente terminó con apenas una persona demorada que resistió el desalojo, de un total estimado en 120 ocupantes. Se trata de un hombre de 24 años que no estuvo involucrado en los incendios. El fuego fue iniciado por ocupantes que se mantuvieron en los monobloques hasta último momento. Desde el propio Gobierno porteño, responsable de la edificación, reconocieron que los materiales de los departamentos facilitaron la propagación de las llamas.

El incendio destruyó seis departamentos que deberán ser reconstruidos por completo, advirtió la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, María Eugenia Vidal. En tanto que otras unidades ocupadas quedaron deterioradas o sin parte de su mobiliario, al parecer retirado por algunos responsables de la toma.

Desde el Ejecutivo porteño se ocuparon de informar que no hubo ofrecimiento alguno para los ocupantes, a excepción de ser trasladados a paradores. Algunos aceptaron el ofrecimiento y otros optaron por retirarse del predio por su cuenta. En las últimas semanas se había mencionado la posibilidad de otorgarles a los ocupantes un subsidio a cargo de la Ciudad de $ 720 mensuales por un año.

Una vez reconstruidas las viviendas quemadas y reparadas las que quedaron deterioradas, el complejo será entregado a los pobladores de los asentamientos Luján y El Pueblito, ubicado a la vera del Riachuelo. El complejo de Bajo Flores fue edificado por la Corporación Sur y tenía como destino habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo hasta que fue tomado en febrero pasado.

El juez federal de Quilmes Luis Armella habría ordenado desde marzo el desalojo en varias ocasiones. La medida no se había cumplido hasta ahora por la controversia entre el Gobierno nacional y el porteño acerca de qué fuerza de seguridad se haría cargo del operativo.

Finalmente, a instancias de una audiencia convocada por la Corte Suprema a mitad de mayo, se llegó a un acuerdo que desembocó en la acción de ayer: funcionarios de Desarrollo Social de la Ciudad entraron a primera hora al complejo junto con personal de la Policía Metropolitana para convencer a los ocupantes de retirarse. El Gobierno nacional envió unos 200 efectivos de la Policía Federal para tender un cerco de seguridad en torno del operativo.

Una vez que quedó apenas una decena de los que habían tomado el complejo, intervino más personal de la Metropolitana para forzar su salida. En esa instancia se produjeron los incendios, y los ocupantes que quedaban se retiraron por su cuenta. No hizo falta la intervención de los policías federales ni de un escuadrón de la Gendarmería que aguardaba a mayor distancia, con el personal armado.

Los dos gobiernos consideraron un éxito el operativo. Y acordaron repetir la modalidad este jueves para el desalojo, también ordenado por la Justicia, del asentamiento La Veredita, ubicado en una zona de Bajo Flores, donde están emplazados campos de deportes de colegios y organizaciones civiles. Se calcula que en La Veredita hay entre 120 y 150 personas, que en su mayoría llegaron a un principio de acuerdo para abandonar la zona este mismo jueves, dijeron en el Ministerio de Seguridad nacional.

En la cartera a cargo de Nilda Garré explicaron que el acuerdo impulsado por la Corte entre ambas administraciones funcionará como una suerte de protocolo para todos los desalojos. Es decir, estarán a cargo de la Metropolitana con asistencia de las fuerzas federales sólo en caso de ser necesaria su intervención.

El operativo finalizó con la presencia de la plana mayor del Ejecutivo de la Ciudad. Mauricio Macri recorrió la zona por la tarde y explicó que en las viviendas incendiadas hubo «daños totales». Vidal había dicho que los destrozos demorarán «varios meses» la entrega de las viviendas a los habitantes de la vera del Riachuelo.

Los responsables del operativo contaron que el fuego fue iniciado con la quema de colchones y algunos caños plásticos. Y reconocieron que las llamas se propagaron rápidamente por la presencia de elementos combustibles en los techos y revestimientos de las viviendas atacadas. El dato abrió un signo de interrogación respecto de la seguridad de esos inmuebles para sus próximos propietarios. Garré, por su parte, destacó el éxito del desalojo y que se hubiera concretado con el «refuerzo complementario» de la Federal.

Dejá tu comentario