Activistas van a la Justicia para frenar el drástico recorte de tierras protegidas en EE.UU.
Donald Trump redujo en 9.200 kilómetros cuadrados la superficie de dos parques en Utah, uno de ellos con yacimientos de carbón. Dijo que “revertía una extralimitación federal”.
Washington - Una nueva batalla legal comenzó ayer para el Gobierno estadounidense luego de que el presidente Donald Trump decretó, el lunes por la noche, la mayor reducción de tierras públicas protegidas en la historia del país al recortar más de 9.200 kilómetros cuadrados a dos parques en Utah.
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Diez organizaciones de protección ambiental, incluyendo el Sierra Club y el Wilderness Society (TWS) presentaron una demanda ante un tribunal de la capital, Washington DC, en contra del decreto de Trump con el que ordenó menguar sustancialmente la superficie de dos monumentos nacionales (terrenos naturales protegidos por el Gobierno federal) que habían protegido sus predecesores demócratas, Barack Obama (2009-2017) y Bill Clinton (1993-2001).
"Vine a Utah a adoptar una acción muy histórica para revertir la extralimitación federal y restaurar los derechos de esta tierra a sus ciudadanos", dijo el mandatario en un discurso en el Capitolio estatal de Utah, en Salt Lake City.
El mandatario redujo en alrededor del 85% el territorio de Bears Ears, una extensa área protegida creada por Obama el año pasado, y recortó casi el 46% de la superficie de Grand Staircase-Escalante, un parque protegido en 1996 por Clinton.
Las ONG alegaron en su demanda que la de Trump fue una "proclamación ilegal que pondrá en peligro tesoros geológicos y arqueológicos" e "ignorará 111 años de historia de protección ambiental".
"Es un día triste para los indígenas y para Estados Unidos", dijo Jonathan Nez de la Nación Navajo en un comunicado. "Sin embargo somos resilientes" y "vamos a luchar para honrar a nuestros ancestros guerreros".
Trump consideró que sus predecesores "abusaron" de una ley, llamada de Antigüedades, para poner cada vez más tierra y agua bajo control federal, y que eso arrebató a los habitantes locales la capacidad de decidir la mejor forma de utilizar esos terrenos.
Según la Casa Blanca, el objetivo es abrir el territorio para facilitar el uso público de sus rutas y pastos, además de a la "caza y pesca saludable". Pero sus detractores advirtieron que Grand Staircase-Escalante tiene yacimientos de carbón y que la razón real del decreto es abrirlo a la explotación privada.
Cuatro líderes del partido demócrata en el Congreso emitieron este lunes una nota oficial criticando la decisión presidencial por considerar que lo que ahora resta de esos territorios queda "bajo amenaza".
En tanto, la fundación humanitaria PEW recordó que solamente el área de Bears Ears es "territorio sagrado para cinco naciones indígenas", y que en ese parque están protegidos unos 100.000 sitios arqueológicos.
En cambio, la medida recibió aplausos de políticos conservadores en el estado y la Asociación Nacional de Ganaderos de carne de res también celebró la medida, al considerar que amplía el poder de "las comunidades rurales".
