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Acuerdo entre la Argentina y la Unión Europea por transgénicos
La relevancia de esta «solución», sugerida por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, se enmarca en la creciente importancia de la biotecnología en la producción de alimentos y piensos (forrajes), en particular, oleaginosas, como la soja.
La firma del acuerdo tuvo lugar el viernes pasado en el Palacio San Martín y estuvo a cargo, por la parte argentina, del secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, embajador Alfredo Chiaradía. En representación de la UE, en tanto, firmó el convenio el director general adjunto de Comercio de la Comisión Europea, Joao Aguiar Machado. Los funcionarios destacaron en la ocasión la importancia del comercio de productos derivados de la biotecnología entre la Argentina y la UE.
Instaron, además, a una apertura a la mayor cooperación y el desarrollo biotecnológico, para beneficio de los sectores agrícolas argentino y europeo.
A partir del nuevo acuerdo, dijeron en el ministerio, las partes establecerán un diálogo bilateral sobre aspectos relativos a la aplicación de la biotecnología en la agricultura.
Esa instancia buscará, entre otros objetivos, evitar eventuales «obstáculos innecesarios» al comercio de productos agrícolas resultantes de la regulación de productos biotecnológicos.
Se alentará, además, la cooperación científica entre las agencias respectivas de la Argentina y de la Unión Europea.
Las fuentes de la Cancillería recordaron que en 1998 la Unión Europea implementó una moratoria general de facto en la aprobación de eventos biotecnológicos. Esa decisión llevó a la Argentina, en esa oportunidad, a denunciar la medida ante la OMC.
Las autoridades locales entendieron entonces que la medida de la UE constituía «una restricción injustificada» al comercio de estos productos derivados de la biotecnología, en particular, los granos transgénicos.
El tribunal del comercio internacional falló a favor de nuestro país y se estableció una «hoja de ruta» para que la Unión Europea fuera cumplimentando las recomendaciones del Órgano de Solución de Diferencias.
El plazo de cumplimiento fue prorrogado por las partes en sucesivas oportunidades, y el 31 de marzo próximo es el último vencimiento acordado, indicaron en la Cancillería.


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