Acusación a Hizbulá tensa más al Líbano

Beirut - La confirmación de la acusación contra cuatro miembros del grupo chiita Hizbulá por el asesinato en 2005 del primer ministro libanés Rafic Hariri abre nuevas incógnitas en el Líbano, con el Gobierno abocado a tomar una difícil decisión que puede complicar el futuro del país.

Si el magnicidio del político sunita -cercano a Arabia Saudita- sacudió el difícil equilibrio que existe en esta pequeña nación, la posible implicación del Partido de Dios, que encabeza el actual Ejecutivo, hace temer a algunos el agravamiento de la crisis política.

«Hizbulá hará todo lo posible para que el Gobierno no coopere con el TEL (Tribunal Especial para el Líbano, por su sigla en inglés)», vaticinó el exministro y diputado Butros Harb, integrante de las Fuerzas del 14 de Marzo, coalición prooccidental liderada por Saad Hariri, hijo del primer ministro asesinado.

En opinión de Harb, la decisión adoptada por la corte internacional va a desencadenar «una batalla política para obligar al Ejecutivo a que respete la decisión internacional y los acusados sean juzgados».

La Fiscalía apuntó el miércoles en su acta de acusación que Mustafá Amine Badreddine, de 50 años, como la cabeza pensante del magnicidio, a Salim Jamil Ayash, de 47, de coordinar el equipo y de perpetrar el atentado, y a Husein Hasan Oneisi, de 37, y Asad Hasan Sabra, de 34, de preparar el video en el que se reivindicaba la falsa autoría de éste.

Apenas se conoció la decisión, el líder de Hizbulá, jeque Hasan Nasralá, reiteró que estos cuatro hombres son «víctimas de calumnias» y que el acta que los implica se fundamenta en «filtraciones de Israel» y no en pruebas directas.

Hasta la fecha, el clérigo se negó a entregar a los cuatro acusados, tal como exige el tribunal. Sin embargo, el Gobierno, encabezado por Nayib Mikati e integrado por miembros de la mayoría liderada por el Partido de Dios, expresó su compromiso con la decisión del tribunal.

Analistas como el abogado Hyam Mallat creen necesario que ahora «se obre con sensatez» y recuerdan que «el discurso oficial garantiza que el Líbano respetará sus compromisos internacionales».

«No creo que el Líbano se coloque al margen de la comunidad internacional, a pesar de sus imperfecciones. Es un pequeño país, con sus hijos repartidos por todo el mundo», explicó.

El atentado con bomba sufrido por Hariri y la posterior investigación iniciada por el tribunal de la ONU levantaron desde el principio ampollas en la ecléctica sociedad libanesa, formada por dieciocho comunidades religiosas que coexisten en precario equilibrio.

Una sociedad que se halla desde hace años fracturada en un bloque prooccidental y otro prosirio, este último liderado por Hizbulá, grupo político nacido a finales del siglo pasado de las armas y de la resistencia armada contra la ocupación israelí y que cuenta con el apoyo logístico de Irán.

«La situación en el Líbano podría conocer un período de desestabilización», augura Mallat, para quien, sin embargo, «los riesgos pueden ser limitados».

«Existe un statu quo fuerte en el país, nadie está en posesión de crear una situación catastrófica y tampoco hay interés para que ésta sea más difícil», precisa.

El Líbano fue escenario entre 1975 y 1990 de una compleja guerra civil que enfrentó a las distintas comunidades y que dejó una brecha política que muchos analistas creen que se cerró en falso.

De la misma opinión es el analista y escritor Georges Corm, para quien «la publicación del acta aumentará la tensión en el país, pero no cambiará la opinión de unos y otros».

«Los que son escépticos seguirán siéndolo y los partidarios del TEL van a atacar más a Hizbulá», señaló.

Sea cual sea la reacción de los políticos libaneses, todos los analistas consultados coinciden en que la influencia de la vecina Siria es aún determinante.

Ese país tuvo presencia militar en el Líbano desde el estallido de la guerra civil hasta 2005, año en el que millones de libaneses exigieron en la calle la salida de las tropas.

Agencia EFE