16 de junio 2016 - 00:00

Adicciones en el mundo del trabajo

 La venta y consumo de drogas en diferentes partes del país ha crecido en un 50% entre 2010 y 2014, sobre todo en aquellos barrios con situaciones de vulnerabilidad social. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) ha confirmado un alarmante avance de la venta de drogas ilegales en los principales centros urbanos del país. En este contexto sociológico, el "mundo del trabajo" no está exento de esta problemática y por el contrario, en una tendencia sostenida y creciente, también ha comenzado a vivenciar situaciones de adicciones, con sus consecuentes desafíos y múltiples debates. Este extremo puede corroborarse en las consultas cada vez más frecuentes de las empresas empleadoras hacia los abogados relativas a qué medidas o resoluciones adoptar para intentar solucionar estas cuestiones.

En la doctrina y jurisprudencia laboral, respecto de los consumidores crónicos, existe un consenso generalizado en calificar dicha dependencia como una "enfermedad", ante la cual los empleadores, llegado el caso, deben comportarse como ante cualquier otro tipo de enfermedad inculpable, es decir, permitiendo que dichas personas puedan gozar de las licencias médicas pagas contempladas en el art. 208 LCT.

Ante este difícil panorama, algunas empresas han comenzado a implementar programas serios de prevención para los trabajadores y grupos familiares, con el desarrollo de talleres de capacitación y formación, realización de exámenes de salud aleatorios para detectar si hay o no consumo de drogas e inclusive tests de consumo de drogas en los exámenes preocupacionales de ingreso. La razón primordial para la realización de dichos exámenes de salud estriba fundamentalmente en cuestiones de prevención y seguridad.

Sin perjuicio de lo expuesto, dichos exámenes de salud han sido cuestionados por algunos sectores minoritarios por considerarlos supuestamente violatorios del derecho de la intimidad y privacidad de cada empleado y hasta tildados de discriminatorios. Teniendo en cuenta que el trabajo o la prestación de tareas en empresas no es un "asunto privado o íntimo", sino que por el contrario es llevado a cabo con y entre terceros (compañeros de trabajo, jefes, clientes, proveedores externos, etc.), y dada la tendencia creciente de adicciones en el mundo laboral -con sus potenciales consecuencias gravosas-, consideramos que dichos exámenes médicos no resultan violatorios de ninguna intimidad o privacidad. Sobre todo, porque por ejemplo en los exámenes preocupacionales, las empresas exigen el consentimiento expreso por escrito del candidato al puesto de trabajo a fin de llevar adelante el examen médico en cuestión.

Asimismo, cabe destacar que entre los deberes del empleador hacia sus empleados, existen dos obligaciones que refuerzan la posición del párrafo precedente, deber de diligencia y de seguridad y protección personal.

El deber de seguridad y protección personal de los trabajadores no se limita únicamente a los "temas de seguridad e higiene en el trabajo Ley 19.587 y sus decretos reglamentarios", sino que pone en cabeza de la empresa empleadora la obligación de adoptar medidas y recursos técnicos para proteger la salud psicofísica del trabajador y evitar que sufra daños. Grisolía señala que dicho deber: "... tiene por objeto prevenir la producción de accidentes y enfermedades, por lo cual también se lo denomina deber de prevención o de previsión... Se expresa en tres aspectos: el deber de seguridad personal-salud psicofísica..." "... El empleador no cumple con el deber de seguridad personal cuando se produce una situación de riesgo para la integridad psicofísica del trabajador que se pudo evitar tomando alguna medida...".

Resulta palmario que un trabajador adicto crónico en determinados tipos de trabajo -fábricas, talleres, depósitos- genera una posible situación de riesgo, no solamente para él mismo, sino también para los terceros con quienes interactúa.

Por ello, la cuestión a dilucidar es la siguiente: ¿las políticas de prevención y capacitación, con exámenes de salud aleatorios y los exámenes pre-ocupacionales antes citados, afectan o no el derecho a la intimidad del trabajador? Considero que no, porque el derecho a la intimidad no es absoluto y cuando también están en juego la seguridad del propio empleado consumidor, de compañeros de trabajo, de terceros y hasta de los bienes materiales de la empresa, dichas políticas y exámenes pueden actuar como importantes medios preventivos y disuasivos para evitar el consumo de drogas en el horario y sede de trabajo.

"La obligación del trabajador de someterse al control médico que pretenda ejercer su empleador cesa si la facultad de control que posee el principal exorbita arbitrariamente la dignidad e intimidad del dependiente o le impone una conducta que excede por demás dicha obligación" (CN-Trab. Sala IX, 2009/10/27, "García Gustavo Leonardo c/ Coto C.I.C.S.A.", -DJ, 2010/04/14, 978). La implementación de "Políticas de Prevención y Capacitación sobre el consumo de drogas" -con sus consecuentes exámenes médicos- no exorbitan arbitrariamente la dignidad del empleado y pueden ser una herramienta de gran utilidad y beneficio para los propios trabajadores y sus familias. En forma paralela, es imprescindible por parte del Estado promover con urgencia campañas educativas modernas y eficaces en la prevención del consumo de drogas y de las adicciones junto con el otorgamiento de oportunidades de capacitación y primer empleo para los jóvenes.

(*) Abogado; Estudio Basílico, Santurio & Andrada.

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