Ahora el Gobierno nombra auditores en CableVisión

Héctor Magnetto

El Gobierno de los Kirchner dio un nuevo paso en su guerra contra el Grupo Clarín: la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el Consumidor (CNDC) estableció ayer una auditoría sobre CableVisión para comprobar si la empresa de TV por cable cumplió con el plan de inversiones al que se comprometió cuando ese mismo organismo aprobó por unanimidad su fusión con Multicanal, otra controlada de Clarín.

La resolución del órgano de defensa de la competencia agrega que el funcionario designado deberá «verificar el efectivo cumplimiento del compromiso irrevocable comprometido (sic) por la empresa a efectos de obtener la autorización de la operación de concentración (o sea, la fusión con Multicanal) notificada».

Agrega que el propósito de la medida es «articular y armonizar los aspectos comprendidos en las medidas dispuestas por el COMFER en su Resolución 577 del 3 de setiembre de 2009, con la decisión emitida por la Secretaría de Comercio el 7 de diciembre de 2007».

En otras palabras: el interventor intentará buscar la hendija legal para proceder a anular la fusión que Néstor Kirchner firmó tres días antes de pasarle el bastón de mando a su esposa, operación que ahora -en pleno combate con el holding que encabeza Héctor Magnetto- ordenó retrotraer.

La resolución de ayer dispone en su segundo artículo que CableVisión «no podrá, hasta el fin de la auditoría, remover o reemplazar activos físicos ni jurídicos utilizados para la prestación de los servicios analizados en el marco de la operación de concentración objeto de estas actuaciones, sin perjuicio de mantener las condiciones de servicio a los clientes conforme a lo comprometido».

Los auditores designados son María Ferreiro Pella, Jorge Pereda, César Aníbal Pombo (que habría formado parte del directorio del PAMI durante el Gobierno de Carlos Menem, en épocas en que el organismo era dirigido por Matilde Menéndez), José Alejandro Lucero y José Fernando Pereira.

La semana pasada, en el marco de la discusión de la ley de medios de comunicación, el presidente del COMFER, Gabriel Mariotto, anunció la anulación de la fusión entre CableVisión y Multicanal, que había sido aprobada por la misma CNDC. En ambas empresas de TV por cable Clarín posee el 60% del capital accionario; el restante 40% es propiedad del fondo Fintech, del financista mexicano David Martínez. Ambos le habían ido comprando sus participaciones al fondo Hicks, Muse y a Liberty Media, del magnate de los medios John Malone, que eran los dueños anteriores de CableVisión. El acuerdo de fusión terminó dándole a Martínez el 40% de la empresa unificada.

La guerra planteada por Néstor Kirchner contra el Grupo Clarín comenzó con la rescisión del contrato que TSC (Televisión Satelital Codificada, una empresa compartida por Clarín y TyC Sports, en la que Malone tiene la mayoría a través de su controlada DirecTV) tenía con la AFA para la televisación del fútbol. El segundo combate -todavía en pleno desarrollo- tiene al Congreso como campo de batalla, en el que el Gobierno intenta la rápida aprobación de la ley de medios que dejaría a Clarín sin buena parte de sus actuales activos. La tercera batalla es ahora por CableVisión/Multicanal; de concretarse la obligada separación de ambas empresas, Clarín debería desprenderse de señales y licencias de TV paga. Sin embargo, el grupo insiste en que cumplió con todas las obligaciones (tanto de inversión para mejorar el servicio como de desinversión para no tener más de una licencia de cable por localidad) previstas en la resolución de Comercio que les permitía fusionar sus dos controladas.

Ayer a última hora, el Grupo Clarín emitió un comunicado en el que califica de «nuevo abuso administrativo» a la medida oficial. «CableVisión viene informando en forma regular y transparente el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa en diciembre de 2007», dice el comunicado. «Esos informes nunca fueron objetados por la CNDC», agrega.

El grupo utiliza el mismo argumento («excede su competencia») contra la CNDC que esgrimió la semana pasada en relación con el COMFER. «Ello suma discrecionalidad a la auditoría dispuesta por la CNDC a una compañía que siempre cumplió con sus obligaciones. Se trata de otra arbitrariedad jurídica basada en una clara motivación política». El comunicado se cierra con la afirmación de que el grupo apelará la resolución.