AJUSTES DE CUENTAS POR GUALEGUAYCHÚ

José Mujica, Cristina de Kirchner

El Gobierno se puso desde la madrugada de ayer en emergencia para tener, antes de los 60 días que le ha concedido la asamblea de Gualeguaychú, sus papeles en orden so pena de volver a cortar el puente. Para eso activó conversaciones discretas con el Gobierno de Montevideo con el fin de que aporte el elemento más importante: que los vigiladores de los dos Estados en pugna puedan entrar en la sala de máquinas de la planta de Botnia y le brinden información al equipo, que se encargará de determinar si hay o no contaminación.

Hasta nuevo aviso, esos vigiladores actuarán desde la Comisión Administradora del Río Uruguay, un ente binacional que ya falló antes en el cumplimiento del Tratado del Río Uruguay, cuando el Gobierno de Montevideo lo violaba por lo menos en diez oportunidades, según lo dictaminó la Corte Internacional de La Haya.

Esa vigilancia, además, la extenderán los dos países a todos los focos presuntamente contaminantes sobre el río Uruguay (el polo industrial de Concordia y los efluentes industriales y cloacales de otras localidades, como la uruguaya Paysandú), una respuesta argentina al reproche de Montevideo de que los ambientalistas criollos sólo miran a Botnia.

Antes de que se cumplan esos dos meses algo habrá que mostrarles a los quejosos de Gualeguaychú, de manera que quienes apoyan las medidas más extremas, que tuvieron algo menos del 50% de los votos en la asamblea del martes a la noche, no arrastren a los moderados que impusieron esta pausa en un conflicto que dejó al desnudo la debilidad de los gobiernos de los dos países.

También en 60 días, a partir del último encuentro en la residencial La Anchorena, se tienen que reunir Cristina de Kirchner y José Mujica para ponerle el moño al nuevo sistema de vigilancia que tratará de aprovechar los recursos técnicos con que cuenta la CARU, que se mejorarán con el auxilio de la Secretaría de Medio Ambiente, algunos aportes universitarios y, si se cumple una fatalidad -buena- de la burocracia argentina, de la empresa INVAP (que hace satélites, centrales nucleares y otros ingenios que prueban la capacidad criolla para moverse en el planeta de la tecnología).

El primer problema que tiene el montaje de la comisión de vigilancia no es la prisa que le pone la amenaza de los activistas, sino lograr que el Uruguay haga algún aporte para que Botnia abra sus secretos -ha sido tanto o más hermética con el Gobierno de Montevideo como con el de Buenos Aires-. Esto se agrava porque en todas las etapas de este entuerto -el más grave en materia internacional que enfrentó el ciclo Kirchner- Uruguay siempre mostró datos de la empresa Botnia y muy poco de los que puede tener el Gobierno uruguayo.

Para eso, los negociadores argentinos han desenterrado expresiones de 2006 del fallecido representante del Uruguay ante La Haya Héctor Gros Espiel sobre el compromiso de su país a hacer un monitoreo conjunto de las dos administraciones sobre el río Uruguay. Figuran en las actas de los alegatos que se hicieron al comenzar el juicio en La Haya y los recogió la Corte Internacional en su sentencia.

Ayer, los voceros argentinos se disputaron espacio en los medios para expresar la satisfacción por el levantamiento del corte con un énfasis que tiene más triunfalismo que sinceridad. Claro que es una oportunidad para poner el conflicto en un estado superior más provechoso para una solución, pero que un millar de vecinos votasen si negociaban o no con una Presidente que veía esa afrenta por TV no puede festejarlo nadie, y menos un Gobierno que presume de fuerza y poder. Algo que mostró a lo largo de todo el conflicto, en el cual ha actuado después del fallo en La Haya -que negó que hubiera contaminación y no ordenó la relocalización de la planta- y cuando el desgaste había dejado a los entrerrianos sin fuerza para sostener la medida. En la mañana del martes de la votación había una sola persona custodiando el corte del puente.

Con esos dos elementos el Gobierno emprendió la marcha que terminó con el levantamiento. Primero, Cristina de Kirchner encaró a José Mujica en La Anchorena y lo comprometió a que cumpla con los dichos de Gros Espiel sobre el monitoreo conjunto. También acordó ampliar la vigilancia hacia todos los focos de peligro ambiental sobre el río Uruguay. Con eso disparó el round agresivo de querellar a los activistas, una medida odiosa y provocativa pero que aportó un elemento necesario en este tipo de conflictos cuando se navega con inercia; ese embate conmovió a los activistas y reseteó las conductas, algo imprescindible para iniciar una etapa negociadora.

Autocrítica

Como ocurre en estas situaciones, las conductas de los actores políticos se conmovieron ante tal inercia y eso despuntó en el proceso de autocrítica en que entraron los funcionarios del Gobierno desde ayer con la revisión de lo que se hizo mal:

La causa de la inacción del Gobierno argentino no es sólo la debilidad para confrontar con el público, algo que los Kirchner heredaron de administraciones anteriores pero que no han hecho nada para superar. También fracasó el prejuicio de entender el conflicto como un problema del Gobierno entrerriano. Para Néstor Kirchner, el problema de la pastera fue en su comienzo un asunto que debía resolver el entonces gobernador Jorge Busti, a quien su oposición política local responsabilizaba de consentir la construcción de Botnia. El problema se lo pasó Kirchner a Busti, quien trajo a Romina Piccolotti como secretaria de Medio Ambiente, un personaje cuyo influjo personal capturó al entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández y lo arrastró a la inercia.

Hoy ese factor local se prolonga y lo prueba el protagonismo del gobernador Sergio Urribarri, quien operó sobre los asambleístas con instrumentos de persuasión irresistibles y fue vocero del resultado de ayer con una visita con foto al canciller Jorge Taiana. Pero también Urribarri y Entre Ríos tienen el control de la CARU, cuya parte argentina preside el ex intendente de Concordia Hernán Orduna, y a quien también le corren los 60 días para poner a sus organismos en forma para brindarles algo convincente en materia de vigilancia a sus comprovincianos que intentarán volver a cortar el puente en cuanto puedan.

La otra autocrítica va más a fondo porque impugna los métodos de conducción del Gobierno en materia de opinión pública. Este punto es clave en cualquier conflicto ambiental, y el Gobierno ha sufrido el mismo problema que tiene en otros temas. Los funcionarios son insolidarios entre sí, nadie quiere negociar en nombre de los Kirchner porque éstos siempre levantan la vara y descalifican cualquier acuerdo; cada operador busca tener su vocería propia y se cruza con los demás, agravando la bronca del público hacia lo que hace el Gobierno. Como se trata de autocríticas entre funcionarios, hoy miran con inquina a lo que hacía Alberto Fernández, a quien le reprochan quebrar ante la prensa la reserva de algunas iniciativas que pudieron frenar antes la escala del entuerto. Como ejemplo, recuerda hoy la idea que tuvo Néstor Kirchner en 2005, cuando dejó la Cancillería Rafael Bielsa, de interceptar la construcción de la planta de Botnia -que entonces estaba apenas en sus comienzos- con un aporte en dinero a la empresa finlandesa para que relocalizase el emprendimiento. Esa negociación abortó cuando se la hizo pública, y atribuyen eso al método «Alberto» de discutir el problema desde los titulares de los diarios (fue un título «exclusivo» del diario Clarín, cuando era «bueno»).

Porque son historias viejas poco se logra con reflotar estas inquinas de palacio, pero forman parte de este ajuste de cuentas entre funcionarios previo a encarar estos 60 días críticos para el futuro del conflicto. También el Gobierno choca con dificultades para pelear con el Uruguay, que sostiene el proyecto papelero como una política que no ha modificado ningún Gobierno desde el origen del proyecto durante la segunda administración del colorado Julio María Sanguinetti, que es cuando comenzó la forestación con vistas a la producción futura de pulpa de papel. Lo sostuvieron el blanco Luis Lacalle, el colorado Jorge Batlle y las dos administraciones del Frente Amplio, gestiones que actuaron con picardía ante un Gobierno argentino sin un gabinete integrado ni acuerdos en lo que tenían que hacer los estados nacional y provincial de Entre Ríos. Con frialdad, los uruguayos violaron el Tratado, le echaron humo en la cara a Rafael Bielsa, prometieron un acuerdo cuando se encontraron Tabaré Vázquez con Kirchner en la asunción de Michelle Bachelet, en marzo de 2006 -llegó a convencer a los ambientalistas, que levantaron el corte que mantenían en esa fecha-.

Difícil modificar tantas conductas que parecen estar anotadas en el ADN de los gobiernos Kirchner, en el plazo de 60 días que se han impuesto los presidentes, que coincide con el que votaron los activistas en la madrugada de ayer. No tiene mucha alternativa el Gobierno Kirchner, que ni se ha puesto de acuerdo para poner un embajador en Montevideo en casi un año si no quiere exponerse de nuevo a esta manifestación de la Argentina foral que ha sido la conmovedora asamblea de Gualeguaychú, que mostró a vecinos y vecinas de gorra y bufanda a lo que no arrastraba ni la vanguardia iluminada, ni los punteros del Gobierno ni el medro de algún subsidio o retención. Era seguramente lo mejor de la Argentina, con lo que cualquier Gobierno -por más distraído que esté- necesita acordar.