Al menos, el juicio permitió que las víctimas pudieran hablar

Madrid - El juicio contra Baltasar Garzón que concluyó ayer sirvió para que familiares de víctimas del franquismo fueran escuchadas por primera vez en un tribunal español.

No lo hicieron como víctimas, sino como testigos en defensa de Garzón. En sus relatos los familiares -hijos y nietos- de los desaparecidos dijeron que presentaron la denuncia ante Garzón para que se investigara lo sucedido, se hiciera justicia y conseguir en muchos casos encontrarse con los restos de los fallecidos.

«Se los llevaron de casa, los apalearon, se los llevaron presos. Cuando se llevaron a mi padre, se llevaron el pan y la sal de nuestra casa», contó María del Pino Sosa, de 75 años, el día que comenzó la declaración de testigos.

El 20 de agosto de 1936 «un grupo de falangistas entró en siete domicilios del pueblo, uno el de mi padre. Yo tenía dos años. Los fusilaron de madrugada», relató Fausto Canales, sobre lo sucedido en Pajares de Adaja (Avila).

Olga Alcega, nieta de uno de los 81 fusilados el 2 de septiembre de 1936 en Magallón (Aragón), pidió justicia: «No tengo afán de venganza, pero quiero saber la verdad. Ha habido 75 años de olvido de estas víctimas y todo el mundo ha mirado para otro lado, la Administración, la Justicia y la sociedad», declaró.

Pedro Fausto Canales Bermejo, hijo de un desaparecido en Valladolid en 1936, afirmó que al presentar la denuncia ante Garzón «pretendíamos que se reconociera en sede judicial la desaparición forzada de 10 secuestrados, cuyos restos aún no se han podido recuperar».

María Antonia Oliver, de Mallorca, dijo: «Mi abuela ya murió y sólo cerró sus heridas con la muerte. Yo lo que pretendo es que mi madre pueda cerrarlas antes de morir con la justicia y la reparación».

Relato

Antonio Otañón, autor del libro «Rescatados del olvido», relató los resultados de sus investigaciones: en el cementerio de su localidad, Ciriego (Cantabria, norte del país), había «zanjas comunes» más que «fosas comunes», que «se cavaban para cada cien ejecutados. Como mínimo en el cementerio de Ciriego hay 12 zanjas».

La media de ejecuciones al día era «en torno de los 13 o 16, que era la cabida de los presos en cada camión para ser ejecutados», añadió Otañón, señalando que «se aplicaba la muerte física y la desaparición jurídica».

El presidente de la Asociación para la recuperación de la memoria histórica, Emilio Silva, defendió la investigación de estas desapariciones aunque sea fuera de España: «Si tiene que ser una juez argentina (por el expediente abierto en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría) la que asuma la responsabilidad de investigar esos crímenes, es lo que queremos».

Junto a fotos de víctimas del franquismo ayer fueron colocados claveles rojos a la entrada del Tribunal Supremo mientras se celebraba la última sesión del juicio.

Agencia ANSA