Alan García, muy complicado por una revuelta indígena
Un grupo de policías peruanos se prepara para trasladar los ataúdes de sus compañeros muertos el viernes en Bagua Grande (norte de Perú), donde se produjeron graves enfrentamientos.
Lima - La tensión por los choques entre indígenas y policías, que el viernes dejaron decenas de muertos, seguía ayer sin apaciguarse en Perú. Mientras se multiplicaban las denuncias sobre nativos desaparecidos, el Gobierno de Alan García insistía en que los desmanes en las protestas fueron propiciados por una «influencia» extranjera.
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El ex mandatario Alejandro Toledo pidió a García que identifique a los supuestos países que están «conspirando» en su contra, al tiempo que diputados oficialistas apuntaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, y al dirigente nacionalista Ollanta Humala.
El último viernes, la Policía reprimió una protesta de indígenas que mantenía bloqueada una ruta desde hacía diez días en Bagua Grande, región nororiental del Amazonas. Como consecuencia de los enfrentamientos murieron 23 agentes -algunos de los cuales fueron degollados por manifestantes- y entre 9 y 50 indígenas, según distintas versiones.
En ese marco de desconcierto, Nérida Díaz, dirigente de la comunidad awajun, denunció desde el centro parroquial de Bagua Grande la desaparición de 100 aborígenes. Ante la acusación, el viceministro del Interior, Wilson Hernández, quien se encuentra también en el epicentro del conflicto, respondió que las autoridades estaban haciendo rastrillajes, pero que aún no habían obtenido resultados.
«Hemos estado buscando nativos para llevarlos a la casa parroquial, pero no hemos dado con el paradero de ninguna de las personas cuya desaparición fue denunciada por familiares en Bagua Grande», declaró por su parte Vladimir Portilla, comisionado de la Defensoría del Pueblo. El periodista Carlos Torres, de la radio La Voz de Bagua, relató que decenas de nativos deambulaban por esa ciudad y otros puntos de la región en búsqueda desesperada de sus familiares.
En las ciudades de Bagua Grande y de Bagua Chica, 900 kilómetros al noreste de Lima, las actividades cotidianas se reanudaron ayer, aunque en medio de un severo control militar.
Mientras tanto, la Iglesia, Fiscalía y Defensoría hacían esfuerzos logísticos para ayudar a unos 300 indígenas que permanecían en el centro parroquial, donde se habían refugiado el viernes por temor a una persecución.
Los aborígenes mantenían un paro desde el 9 de abril en protesta por las medidas del Gobierno que permiten la explotación de los recursos naturales. Los indígenas consideran que esas leyes -defendidas por García como imprescindibles para atraer inversiones hacia el sector de los hidrocarburos- violan sus derechos sobre el territorio amazónico. Durante la IV Conferencia Amazónica, reunida el pasado fin de semana, varias comunidades convocaron a una nueva huelga indefinida a partir del 11 de junio si no renuncia el gabinete ministerial, que encabeza el premier Yehude Simon.
En momentos que atraviesa una de las mayores crisis en los últimos años, el presidente García habló de una «conspiración extranjera». Del mismo lado, el congresista oficialista y ex canciller Luis Gonzales Posada acusó a Bolivia de alentar una revuelta indígena, y su colega de bancada, Aurelio Pastor, culpó al dirigente nacionalista local, Ollanta Humala, de apoyar la protesta.
Según analistas, la represión a la protesta tendrá un alto costo político. «Es la peor crisis del Gobierno de García. No se evaluaron adecuadamente los riesgos ni las consecuencias de un enfrentamiento con los nativos; se actuó de manera muy poco pensada», estimó el sociólogo Eduardo Toche, del Centro de Promoción del Desarrollo.
