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Albistur recusó al juez que lo citó para indagatoria
En la presentación, los defensores de Albistur, León Arslanian y Carlos Alberto Beraldi, centran el pedido de recusación en dos argumentos centrales: la supuesta «falta de idoneidad» del juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, tanto por su condición de magistrado «suplente» como por las bajas calificaciones obtenidas en su examen de concurso para el cargo. Por otro lado, resaltan que «existe un temor objetivo de parcialidad por la actuación cumplida en el presente proceso».
En este sentido, los abogados argumentan que Aráoz de Lamadrid «mantuvo prácticamente paralizado el trámite del sumario desde hace algo más de medio año y omitió realizar la medida instructoria básica para estas causas, una pericia contable». A esto se suma, según la recusación, que el magistrado «optó por el sospechoso camino de mantener dormido el sumario durante varios meses y reimpulsarlo con una pérdida procesal estrepitosa e injustificada», tan sólo «días después de que se conociera la decepcionante nota obtenida por el juez subrogante» (10 sobre 100) en el examen que realizó para obtener por concurso la titularidad de su cargo.
En este punto, el escrito resalta que «no resulta un dato menor que se tomara conocimiento público» de la calificación obtenida, ya que fue «tan sólo unos días después de que usted dispusiera, de manera totalmente sorpresiva, la indagatoria de nuestro asistido». Finalmente, la recusación solicita que se aparte «inmediatamente» al magistrado de la causa y que, hasta que se defina la medida, «se abstenga de realizar cualquier nuevo acto instructorio» en la causa.
Aráoz de Lamadrid deberá decidir si acepta o no la recusación. En cualquiera de los dos casos, los trámites de la causa se demorarían e impedirían llevar adelante la indagatoria de Albistur prevista para el próximo 2 de setiembre.
En abril de 2008, el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido denunció que entre 2004 y 2007 Albistur habría entregado alrededor de 10 millones de pesos de pauta oficial a empresas supuestamente vinculadas con su familia o sus funcionarios.


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