Alerta por rebrote de malestar de policías

Luego de la escalada de motines policiales que azotó a buena parte del país, surgieron nuevas señales de malestar en Entre Ríos y Mendoza.

Tras la grave situación generada por los acuartelamientos policiales y posteriores saqueos y episodios de violencia en varias provincias que produjeron, al menos, 12 muertes, las indefiniciones salariales para las fuerzas de seguridad en algunos distritos podrían generar el rebrote del conflicto. Por caso, en Entre Ríos policías autoconvocados solicitaron al Gobierno que lidera Sergio Urribarri $ 8.500 de básico para no comenzar una huelga.

El viernes pasado, una facción de efectivos autoconvocados se reunió en Gualeguaychú junto a uniformados de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay, entre otros, para definir los representantes que negociarán con el Ejecutivo provincial, de acuerdo con el compromiso que formuló Urribarri de convocarlos para discutir mejoras salariales a partir de febrero.

Según contó el abogado de los efectivos, César Bonatto, en caso de no tener una solución por el reclamo salarial, los efectivos se quedarán en sus casas y no prestarán ningún tipo de servicios.

"Es cierto que tenemos como trabajadores una responsabilidad diferente, pero también como trabajadores tenemos los mismos derechos", afirmaron los policías autoconvocados, mientras que Bonatto recordó que el acuerdo alcanzado entre el gobernador y los policías en Concordia era "provisorio, porque los uniformados decidieron dar el brazo a torcer para apaciguar el clima social".

La mejora solicitada también incluye dejar de lado los pagos en negro y que se mejoren las condiciones de trabajo, la provisión de uniformes, chalecos antibalas, recambio de municiones, más y mejores móviles y sistemas de comunicación.

En Entre Ríos, los efectivos están divididos en dos grupos, los autoconvocados, por un lado, y la Asociación Profesional Policial de Entre Ríos (Apropeler), por el otro. El secretario general de la segunda facción, Ricardo Raffo, confirmó la división porque utilizan metodologías de negociación diferentes.

Otro distrito que vuelve a tener novedades por el conflicto policial es Mendoza: en la provincia que lidera Francisco "Paco" Pérez, tras otorgar un aumento de $ 1.300 por decreto, la Asociación Mutual para el Personal Policial (Amuppol) presentó un amparo en la Justicia provincial para que la suba sea remunerativa.

El secretario general de Amuppol, Omar Alcalde, señaló: "El Gobierno no puede sancionar a los que pagan sueldos en negro y después hacer lo mismo con los policías. Pérez está afectando el patrimonio de 6.000 familias. La Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido en más de una oportunidad respecto de los aumentos en negro: son ilegales".