Alertan en Jerusalén que se acerca Moreno Ocampo

El informe de Naciones Unidas que acusa a Israel de haber cometido crímenes de guerra durante la última ofensiva militar en Gaza podría servir de base a los esfuerzos en curso para llevar a sus soldados y a sus responsables políticos al banquillo en la Corte Penal Internacional. Así lo sostiene el jurista Brett Joshpe en una columna publicada por el diario Jerusalem Post, en la que también consigna el riesgo equivalente que corren funcionarios y efectivos estadounidenses. Culpa de ello a lo que entiende como debilidad y ambigüedad de Barack Obama y a la campaña que lleva adelante el fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo. Una visión dura, pero que revela posibles consecuencias jurídicas hasta hace poco impensables. El escritor es un abogado y autor en Nueva York. Recientemente coautor de un memorando de ley que fue presentado a la CPI, «Problemas crecientes con la Corte Penal Internacional».

Los hechos están en momentos en que nada bueno se presagia para la libertad, la democracia y el combate al terror. Como muchos saben, el fiscal general de EE.UU., Eric Holder, ha nombrado un fiscal especial para investigar si los interrogatorios de la CIA a miembros de Al Qaeda merecen cargos criminales. En segundo lugar -y menos publicitado- el fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo estudia si el tribunal tiene jurisdicción para investigar y potencialmente enjuiciar a israelíes por presuntos actos cometidos en Gaza durante la Operación Plomo Fundido.

Lo último es preocupante, no sólo porque un tribunal internacional ha puesto la mira en el aliado más cercano de EE.UU. en su guerra de legítima defensa contra el terrorismo. Una extralimitación de la Corte también tiene implicaciones importantes para los funcionarios estadounidenses. Por un lado, la cuestión de la CIA también podría ser llevada al tribunal internacional en algún momento, a pesar de que EE.UU. -como Israel- no es actualmente signatario del mismo. Moreno Ocampo acaba de anunciar que buscando posibles crímenes de guerra cometidos por soldados de la OTAN, incluyendo estadounidenses, en Afganistán, podría prefigurar una investigación sobre otros supuestos crímenes.

Con una mentalidad internacionalista que domina su administración, el presidente Barack Obama parece incapaz de plantarse ante la presión de la extrema izquierda nacional o internacional. A pesar de su promesa de «mirar hacia adelante» después de la administración Bush, se encuentra ahora inmerso en el más sucio tipo de lucha política, el que puede dar lugar a cargos criminales. Además, la investigación de los interrogatorios de la CIA, sin duda, afectará futuras acciones de inteligencia y obstaculizará la capacidad del país para recoger información sobre posibles planes terroristas.

Así, las implicaciones legales de la reciente decisión de la administración para iniciar una investigación podría ser incluso mayor que lo calculado inicialmente. Un fiscal estadounidense debería reconocer la radiactividad política de perseguir a la administración Bush o funcionarios de la CIA por haber tratado de extraer información a sospechosos de terrorismo. Los estadounidenses, en su mayoría, no van a apoyar eso, que conllevará un precio político. Por eso sería más fácil dejarle la cuestión a la CPI. Eso permitiría a la administración de Obama descargar la responsabilidad de la decisión y, en parte, lavarse las manos por la investigación que se inicie.

También serviría como una enorme concesión a la extrema izquierda, que ha buscado la adhesión a la CPI desde su creación en 2002. La secretaria de Estado Hillary Clinton ya ha expresado su «gran pesar» por el hecho de que EE.UU. no sea signatario de la Corte. Harold Koh, asesor legal del Departamento de Estado, también conocido por su visión internacionalista, criticó a la administración Bush por sus «ataques a la Corte Penal Internacional», a la vez que reconoció que «EE.UU. ha expresado largamente su preocupación sobre la autoridad del fiscal de la CPI para iniciar investigaciones sobre soldados estadounidenses y funcionarios del Gobierno destacados en cualquier lugar del mundo».

El fiscal de la CPI está intentando peligrosamente hacer exactamente eso con Israel. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que también son muy críticas de EE.UU., acusan de modo impreciso a los israelíes de haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la Operación Plomo Fundido. Siguen encontrándose con Moreno Ocampo y publicando informes que lo instan a iniciar una investigación. El informe de Richard Goldstone probablemente dará aliento adicional a Moreno Ocampo para seguir adelante.

Mientras, Obama sigue enfrentando la presión interna de su base liberal en temas como la salud y los asuntos internacionales. Si EE.UU. se uniera a la CPI o permitiera que se investiguen los supuestos abusos en los interrogatorios sobre una base ad hoc, lo que está permitido por el Estatuto de Roma, aplacaría a la extrema izquierda, pero agobiaría al aparato militar y sometería a los funcionarios y soldados estadounidenses a las conjeturas de burócratas internacionales. Sin embargo, eso podría ocurrir, ya que satisfaría el deseo insaciable de algunos liberales de hacerse con algo de carne de la administración Bush y proporcionaría un mea culpa de EE.UU. a la comunidad mundial.