El amplio mix que los gobernadores y la Nación deberán cumplir desde ahora y antes del 31 de diciembre del próximo año, incluye que las provincias desistirán de sus juicios por fondos ante la Corte tras negociar que Nación les pague (menos a Bs. As.) un bono a 11 años por $80 mil M, con servicios por $5 mil M en 2018 y $12 mil M a partir de 2019, y a repartir en función de la coparticipación. Era clave para destrabar la salida política al conflicto por el Fondo del Conurbano.
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También se acordó tratar en el Congreso el proyecto de ley de Reforma Previsional para que haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente, "garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación". Se consensuó asegurar jubilaciones "equivalentes al 82% del salario mínimo vital y móvil" para personas con 30 años de servicio y aportes efectivos. E "impulsar la eliminación de regímenes de jubilaciones de privilegio".
De mutuo beneficio también es el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a los gobernadores a mantener gasto constante en términos reales en los próximos años, entre otras metas. Además del compromiso de los mandatarios de hacer extensivo a los municipios los términos de ese pacto.
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