El magistrado accedió a un pedido del fiscal federal Ramiro González y encomendó la medida a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. Fue una orden de presentación con facultad de allanamiento en la que se secuestró, según fuentes judiciales, elementos de interés para la causa. En tanto, un grupo de vecinos nucleados en la "Asamblea Jáchal No se Toca" le pidió al magistrado "el cierre inmediato de la mina Veladero".
González pidió determinar si Barrick Gold o las autoridades de San Juan le informaron al Gobierno nacional sobre el derrame ocurrido la semana pasada y en ese caso, cuáles fueron las medidas que los dos ministerios llevaron a cabo respecto del derrame.
El nuevo accidente en la mina ocurrió el 8 de septiembre, pero fue dado a conocer recién en las últimas horas por la misma empresa.
En su dictamen, el fiscal González pidió saber si hubo un seguimiento sobre el derrame de un millón de litros de cianuro que ocurrió en la misma mina en septiembre del año pasado y que le aporten la documentación correspondiente sobre las acciones que se tomaron al respecto.
A su vez, la "Asamblea Jáchal No se Toca" le pidió a Casanello que emita una orden de clausura de la mina. Los letrados Enrique Viale y Diego Seguí, presentaron ayer un escrito en el que solicitaron el cierre de la mina por incumplir con la ley de glaciares.
"La Ley de Glaciares es muy sabia, y prohíbe taxativamente la actividad minera para evitar estas problemáticas en las denominadas 'fábricas de agua', en donde está el nacimiento de nuestros ríos. Por todo ello y atento el flagrante incumpliendo de la Ley de Glaciares, debe impelerse judicialmente su aplicación efectiva imponiéndose el cierre de la mina Veladero tal como lo establece expresamente el artículo 15 in fine de la norma", dice el escrito interpuesto en el juzgado.
La norma en cuestión establece que "en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan". El tándem Casanello-González tiene una causa en la que investigan al exsecretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, al secretario ambiental provincial, Domingo Tello, y a directivos de Barrick por el derrame ocurrido el año pasado. También tenían a su cargo la causa por el derrame en sí mismo, pero la Corte Suprema de Justicia falló que en ese caso debe intervenir la Justicia de San Juan.
En este sentido, el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, anunció su presentación ante el Juzgado Ordinario de la 2º Circunscripción Judicial. Le requirió al juez "en representación del Gobierno y de su población, que se aboque a la investigación de la mecánica del hecho incidental".
| Gabriel Morini |


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