Alquiler de vientre y acuerdo prenupcial

Ricardo Lorenzetti

Acuerdos prenupciales y alquiler de vientre serán dos aspectos claves de la reforma del Código Civil que el Ejecutivo impulsará este año en el Congreso. Así lo anunció Cristina de Kirchner ayer, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias.

Ambas iniciativas forman parte de una reelaboración integral del código, para lo cual la Presidente dispuso en febrero de 2011, a través del Decreto 191/2011, la constitución de una «Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación». Esta última está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; su vicepresidente, Elena Highton de Nolasco; y la profesora Aída Kemelmajer de Carlucci.

Si bien el plan de reforma se remonta a principios de 2011, Cristina de Kirchner eligió el tema como una de las propuestas para impulsar desde el oficialismo este año. Dos de los aspectos centrales a incluir en esta actualización son los acuerdos prenupciales y la gestación por sustitución o alquiler de vientre, que sin duda provocarán nuevas críticas de la Iglesia.

En este sentido, la Presidente destacó ayer que estos cambios respondían a «discusiones que la sociedad tiene que dar como dimos en su momento la discusión por el matrimonio igualitario». Mencionó además la «simplificación del divorcio», la reglamentación de las uniones de convivencia y de los modos de reproducción humana asistida, así como modificaciones en la ley de adopción.

En lo que se refiere al rubro comercial, la Presidente sólo mencionó un aspecto: el impulso de una revisión profunda sobre las normativas que se relacionan con sociedades de un integrante y los casos de abuso de posición dominante en el mercado.

En el decreto firmado el año pasado para la reforma de ambos códigos se subraya que «el sisde derecho privado, en su totalidad, fue afectado en las últimas décadas por relevantes transformaciones culturales y modificaciones legislativas». En este contexto, el texto resalta que «estas circunstancias tornan necesario proceder a actualizar y unificar la legislación nacional en materia de derecho privado, procurando elaborar una obra que, sin sustituir la legislación especial, contuviera una serie de principios generales ordenadores».

Además de los temas que pueden llegar a generar nuevos cruces entre la Iglesia y el Gobierno, Cristina de Kirchner anunció que impulsaría un régimen de propiedad para las comunidades indígenas en el que, según resaltó, se dejará claro que «la propiedad es de la comunidad, no puede ser transferida a terceros ni objeto de negocios». Éste ha sido un tema central en la agenda de la Corte Suprema de Justicia en los últimos tiempos, que intervino en varios conflictos entre diferentes comunidades indígenas y Gobiernos provinciales a través de la convocatoria a audiencias públicas.

La Presidente avaló además la acordada de la Cámara Nacional de Casación que busca acelerar los juicios de megacausas -entre ellas, las de delitos de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar-, así como también dedicó una frase especial al secretario legal de la Presidencia, Carlos Zannini, a quien calificó como su «álter ego jurídico».