12 de diciembre 2018 - 00:04

Boudou obtuvo libertad, pero tendrá que usar tobillera hasta que se confirme condena

Mismo camino seguiría su socio Nuñez Carmona. Fue gracias a los argumentos de juez Lijo en caso Ciccone 2. Juezas consideraron "excepcional" prisión preventiva. Cruje "doctrina Irurzun".

El comienzo. Amado Boudou, detenido por Prefectura Nacional en su departamento de Puerto Madero. 
El comienzo. Amado Boudou, detenido por Prefectura Nacional en su departamento de Puerto Madero. 

El exvicepresidente Amado Boudou consiguió que el Tribunal Oral Federal N°4 le conceda la libertad, en un fallo dividido con múltiples mensajes. Con la obligación de tener que portar siempre una tobillera electrónica con monitoreo de GPS; tener que comparecer quincenalmente ante el tribunal; depositar una caución real de un millón de pesos; y no poder salir del país, será externado del penal de Ezeiza en las próximas horas. Los jueces, por mayoría sostuvieron una frase que funcionará como antecedente y puede tener réplicas en otros casos resonantes donde hay empresarios y exfuncionarios detenidos. Sostuvieron que “el encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

La cuestión agrega una pizca de sentido común a una condena que tuvo la espectacularidad de una inmediata detención, algo que fue inédito para el propio Tribunal, entonces liderado por Pablo Bertuzzi, que luego obtuvo una plaza en la ambicionada Cámara Federal por mayoría simple del Consejo de la Magistratura. Su reemplazante, Adriana Pallioti, junto a su colega Gabriela López Iñiguez conformaron el voto que definió la suerte de Boudou, detenido desde agosto pasado. Néstor Costabel votó en disidencia, lo que abrió la puerta a que la Cámara de Casación pueda intervenir. Más tarde o más temprano, si se confirma su pena en diversas instancias, será de cumplimiento efectivo y el exvice podría regresar a prisión hasta que se cumplan los dos tercios de los 5 años y 8 meses de la pena.

La decisión de las juezas desató la ira en despachos oficiales. Más por lo que puede significar a futuro en otros casos, que por la relevancia que tiene en el punto concreto de Boudou. Ya es el primer traspié a la denominada “doctrina Irurzun”. Otro sector del Gobierno celebró en silencio. Son los que perciben (a futuro) los riesgos de encarcelamientos preventivos a mansalva cuando el poder político se escapa de las manos. Consideran que esa maquinaria, cuanto antes se desactive, menos problemática puede ser. El ministro de Justicia, Germán Garavano, salió al cruce de la decisión, aunque dijo a título “personal” no compartirla. “Cuando las penas son a cumplir, cuando uno es condenado pierde la inocencia. Así está previsto en el nuevo Código Procesal. Lamentablemente esto es un retroceso”, sostuvo. De todas formas, afirmó que el Gobierno respeta la decisión judicial, algo que podría alcanzar también al socio y amigo de Boudou (también preso) José María Nuñez Carmona que solicitará su salida hoy mismo.

“Queremos dejar a salvo nuestro criterio, en cuanto a que, el dictado de la sentencia de condena no firme, no debe operar en forma automática en relación a la valoración de los riesgos procesales, sino antes bien, debe ser ponderado en forma conjunta con otras circunstancias objetivas que denoten peligros de fuga”, indicó el voto mayoritario conocido ayer. Todo a contramano del viento que vino atravesando las decisiones de Comodoro Py cruzadas con expedientes de alta densidad política. Son los riesgos de los puntos ciegos: pueden poner en riesgo la estabilidad de la estructura.

La defensa aprovechó bien la brecha que dejó el juez Ariel Lijo cuando el pasado viernes procesó a los imputados por la denominada Ciccone 2, Katya Daura, Ricardo Echegaray y Jorge Brito, entre otros. A ellos no les dictó la prisión preventiva en virtud de que no había riesgos de obstrucción. La devolución de gentilezas del tribunal fue un mensaje enviado a primera instancia: la vara con la que se disponen prisiones debe tener un hilo argumental de coherencia que permita ser proyectado y sostenido en diversas instancias.

Gabriel Morini

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