Amplían con 5.000 casos el juicio a Franco en la Argentina

Ricardo Lorenzetti

Unos 5.000 casos documentados de víctimas gallegas del franquismo, entre ellos dos de los últimos cinco ejecutados por el régimen, se sumarán hoy a la querella presentada ante el juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría, en el marco del proceso para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la última dictadura (1939-1975).

Entre los nuevos casos que se presentarán figuran las denuncias de la hermana de Humberto Baena y de la esposa de Luis Sánchez Bravo, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), que fueron fusilados el 27 de setiembre de 1975.

La documentación presentará 5.000 casos de torturas, detenciones ilegales y crímenes cometidos en Galicia entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, incluidos los expedientes de veinte víctimas argentinas, explicó el abogado Gustavo García.

Para García, «es mejor juzgar estos casos en la Argentina porque aquí se podrá investigar cómo ocurrió todo sin pasiones», en relación con la polémica suscitada en España por el intento del juez Baltasar Garzón de abrir una causa contra los crímenes de la dictadura franquista, lo que fue prohibido por el Tribunal Supremo de ese país.

Según este abogado español, aunque en Galicia no hubo un frente durante la Guerra Civil (1936-1939) «hubo un genocidio» y su investigación es una «necesidad» y «no es un problema de derechas o de izquierdas, sino de crímenes de lesa humanidad».

García entregará informes documentados con declaraciones oficiales, fotografías y videos, resultado del trabajo de investigación que comenzaron a realizar en 2006 tres universidades gallegas en un proyecto bautizado como «Los nombres, los lugares, las voces».

La demanda se sumará a la querella presentada el pasado 14 de abril en Buenos Aires por un grupo de abogados encabezados por Carlos Slepoy, con el respaldo de organizaciones de derechos humanos y de grupos españoles por la recuperación de la memoria histórica.

La denuncia se fundamenta en el principio de «jurisdicción universal» para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución argentina y consagrado en el derecho internacional.

Al respecto, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, consideró ayer en Montevideo que en la causa abierta por prevaricato (fallar conscientemente contrario a derecho) al juez Garzón «hay algo que va más allá que ser o no ser competente en una causa».

En el marco de su participación en la XV Cumbre Judicial Iberoamericana, Lorenzetti afirmó que «nunca un proceso burocrático puede ser el inicio de la investigación de la conducta de un magistrado».

El juez alertó que el «ritualismo formal puede ser base para sancionar al juez» pero a la vez impediría dilucidar una trama «no sólo muy importante para un pueblo, sino para toda la humanidad».

«Compartimos la idea de la universalización de la Justicia. El paso ahora es ver qué actitud tiene el país reclamado, en este caso España. Si éste ejerce su potestad jurisdiccional, el tercer país debe respetarlo», explicó Lorenzetti.

«Es una opinión personal, pero seguramente la Argentina va a esperar a que se resuelva la cuestión de la competencia definitiva que tiene o no tiene Garzón y, una vez que se sepa, apostar por el principio de universalidad de la Justicia», dijo. «La Argentina tiene una política de Estado para perseguir estos delitos y no permitir la prescripción de causas, con cuya conclusión queremos cerrar ese ciclo histórico para las generaciones futuras», alardeó el titular de la Corte.

Garzón afronta ante el Tribunal Supremo tres causas que le podrían costar el puesto. Una de ellas por desconocer la ley de amnistía de España, sancionada en 1977; otra por supuestamente violar la intimidad de los acusados en un caso de corrupción que afecta al opositor Partido Popular, y una tercera porque habría gestionado, según la acusación, un aporte del Banco Santander para dar cursos en una universidad de Nueva York.