Analizan aluvión de llamadas con jefe policial

El juez Norberto Oyarbide analiza unas 130 llamadas que el ex policía y abogado Ciro Gerardo James, principal sospechoso en la causa que investiga las intervenciones supuestamente irregulares a los celulares del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA, mantuvo con funcionarios de la Policía Metropolitana, entre ellos, su actual titular, Osvaldo Chamorro, y un suboficial mayor de apellido Ontivero, primo de Alberto Ontivero y jefe de despacho de la fuerza porteña.

Dentro de estas llamadas entrantes y salientes del celular de James, se registraron entre 60 y 70 a dos teléfonos del despacho de la Policía Metropolitana (prácticamente la secretaría privada del titular de la fuerza), unos 10 al número personal de Chamorro y otras 60 al teléfono del jefe de despachos, primo de Alberto Ontivero, ex jefe de Inteligencia del Departamento de Drogas de la Policía Federal y ex jefe de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas y Delitos Complejos de la Policía Federal de la Triple Frontera, quien habría sido uno de los candidatos para ser jefe de Inteligencia de la Policía porteña y también reportaría como empleado en esa fuerza.

«Llamados, no clics», aclararon fuentes judiciales en relación con las declaraciones del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, quien ayer relativizó la cantidad de cruces telefónicos entre los funcionarios de la Policía porteña y James argumentando que se contaban los clics del Nextel (el botón que se debe apretar cada vez que se quiere hablar). Estas llamadas se suman a las 110 realizadas desde el teléfono de James a Jorge Palacios, ex titular de la fuerza porteña, y las 40 que el ex funcionario hizo al abogado.

Toda esta información será cotejada en estos días con la documentación secuestrada durante los allanamientos que se realizaron esta semana en los ministerios porteños de Seguridad y Justicia y de Educación, así como el estudio jurídico de Chamorro y las oficinas de la empresa de seguridad Arpa, perteneciente a Palacios.

Además de pedir al Club Atlético Boca Juniors y al Correo Argentino que informaran si el supuesto espía trabajó alguna vez ahí, el magistrado envió ayer una serie de órdenes de presentación -medida previa al allanamiento- a los juzgados de instrucción Nº 1 y Nº 2 de Misiones para que entreguen copias certificadas de todas las causas en las que se solicitó la intervención del celular de Ávila que, según informó la SIDE esta semana, estuvo pinchado por períodos intermitentes desde 2007. Además se solicitaron todas las llamadas entrantes y salientes de James desde 2007, así como se pidió a la Secretaría de Inteligencia del Estado que notificara sobre todos los casetes que el ex policía federal había retirado de esa dependencia.

Malestar

Desde el juzgado deslizaron ayer su malestar con las declaraciones de Montenegro y del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y señalaron que lo único que está haciendo el magistrado con su equipo es «investigar de manera rápida y transparente», y sólo avanzar en la pesquisa sobre las pruebas que tienen. Hay que recordar en este punto que la causa se inició a raíz de un hábeas corpus que Burstein presentó, denunciando un llamado anónimo en el que se le advertía que Palacios lo estaba espiando. Una vez confirmada la intervención de su celular en un caso con el que no tenía ninguna relación, se avanzó sobre el arresto de James, por haber sido quien retiró todos los casetes (cuando ya había pedido su baja a la Policía Federal y mientras estaba de licencia) y, según los policías de Misiones que llevaban esa investigación, quien dio el dato de los celulares de Ávila y Burstein como supuestamente vinculados al caso.

El juez también careó ayer a la jefa de Gabinete de Educación, Roxana Barroso, con el asesor del legislador Aníbal Ibarra, Jorge Rapaport, quien había declarado que la funcionaria macrista le había dicho que James renunciaba al cargo en Educación para ser director en la Policía Metropolitana. Rapaport ratificó la afirmación y Barroso lo negó.