Anunció Cristina reforma que limita las cautelares

Cristina de Kirchner anunció ayer junto a Ricardo Lorenzetti y Julio Alak su paquete de proyectos de la reforma judicial desde el salón central del Museo del Bicentenario, debajo de la Casa Rosada.

Cristina de Kirchner finalmente anunció ayer con acto en el Museo del Bicentenario su paquete de proyecto de "democratización de la Justicia". Son seis proyectos de ley que entrarán, alternados: "Nos debíamos esto. Una parte ingresará por el Senado y la otra en Diputados", dijo ayer la Presidente. De ese acto no sólo quedó el anuncio de la reforma judicial. Cristina de Kirchner confirmó también que no se suspenderán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, como había adelantado este diario.

El listado de proyectos anunciado ayer incluye todo lo anticipado sobre la reforma y más: junto a la elección por voto de los consejeros de la Magistratura se sumó la ley de ingreso democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y los defensores; la ley de publicidad de los actos del Poder Judicial; la ley de creación de las Cámaras de Casación; la ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado, y la ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados.

Sin duda una de las reformas de más impacto y que más debate tendrá en el Congreso será esta última. Entre sospechas de connivencia y acusaciones a la Justicia que deslizó ayer la Presidente hubo afirmaciones como ésta: "Hay juzgados donde hay radicadas miles de medidas cautelares que han perjudicado al Estado".

Así, las cautelares pasarán a tener un plazo de seis meses de validez y luego, aunque el juez no haya resuelto la cuestión de fondo, caerán. "Las cautelares interrumpen la aplicación de leyes y decretos dictados por autoridades elegidas legítimamente", dijo ayer Cristina de Kirchner.

"No existe en la actualidad norma que regule esas medidas. En la actualidad los jueces aplican el Código Civil y Comercial de la Nación" para intentar demostrar que no existía una norma específica.

Y luego lanzó la principal modificación: "Para que proceda una cautelar el particular debe demostrar que el perjuicio no es reparable". Es decir, que para que un juez habilite una medida cautelar para frenar una decisión del Estado debe demostrarse no sólo la posible violación de un derecho o la aplicación de una norma inconstitucional, como es en la actualidad, sino que esa decisión si se aplica no puede repararse económicamente en el futuro. De esta forma se invierte la carga de la prueba, proceso limitadísimo en cualquier sistema jurídico, para que un particular pueda demostrar un daño patrimonial serio por parte del Estado.

Es un cambio sustancial ya que desde el proyecto "la única medida cautelar que puede prosperar es la que media por la vida o la integridad de una persona". Para justificar el cambio, que retrotrae en lo inmediato al impacto de las medidas cautelares en el freno de la ley de medios, la Presidente explicó: "El Estado no quiebra... en lo patrimonial el Estado puede reparar, indemnizar si es que pierde el juicio".

Se asegura el Gobierno, entonces, el derecho del Estado a imponer sus decisiones sin que la Justicia pueda frenarlas. "En los supuestos que se ponga en riesgo la vida o la salud de esta persona la cautelar podrá prosperar sin audiencia previa", se aclaró, "la cautelar no podrá ser de más de 6 meses, salvo vida, derecho de persona o derecho alimentario".

El segundo punto en potencial de conflicto es la elección directa de los consejeros de la Magistratura. Cristina de Kirchner explicó que la técnica sigue aquí el artículo 38 de la Constitución nacional que, en la reforma de 1994 consagró a los partidos políticos como una herramienta para canalizar la representación democrática. Así, los consejeros, que deben decidir sobre el nombramiento, remoción de jueces, sanciones, presupuesto de la Justicia y, desde esta ley, hasta las subrogancias en juzgados, deberán pasar antes por las listas de los partidos en elecciones ordinarias, uno de los puntos que la Presidente ya había anticipado al Congreso el pasado 1 de marzo.

Ese proyecto establece aumentar la cantidad de miembros de este cuerpo de los actuales 13 a 19, respetando la proporción de representantes del Poder Ejecutivo,diputados, senadores, académicos y abogados que lo integran.

Las resoluciones del Consejo de la Magistratura se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros, en lugar de los dos tercios actuales.

El discurso de Cristina de Kirchner ante un auditorio colmado de militantes y rodeada del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el jefe de Diputados, Julián Domínguez; la presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich; el ministro de Justicia, Julio Alak; y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina avanzó paso a paso explicando cada uno de sus proyectos de reforma judicial.

Se tomó una pausa, quizás producto de la afonía, que pocas horas después provocó el anuncio de una suspensión de agenda presidencial por lo menos para hoy, para luego continuar garantizando que se "respetará el cargo a todos los que están actualmente" y aclaró que "se convocarán a elecciones para todos los estamentos de jueces, abogados académicos y científicos, dado que restantes integrantes son legisladores que ya están legitimados por el voto popular". Entre los requisitos y las limitaciones para esas candidaturas hubo una que despertó aplausos: "se impide que concurse quien haya ocupado cargo en la dictadura".

En cuanto al régimen de subrogancia de jueces la presidente protestó: "Hay jueces subrogantes que deciden cautelares importantes. Toman la medida, queda ahí, y se van". Ahora se establece que la designación de jueces subrogantes estará a cargo del Consejo de la Magistratura y no de cada cámara como en la actualidad. Tambien se decidió incluir en el régimen disciplinario a "los subrogantes o a los jueces jubilados convocados".